Los alumnos de Baleares ya no tendrán que permanecer cinco días expulsados de su centro educativo, en caso de que el profesor les eche de clase, tal como contemplaba el Decreto aprobado en 1995 por el que se establecían los derechos y deberes de los estudiantes y las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del archipiélago y que ha sido sustituido por otro Decreto aprobado esta mañana por el Govern.

En declaraciones a Europa Press, la directora del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar, Elena Navarro, ha subrayado que la principal novedad del nuevo Decreto es que, en caso de que un alumno mantenga un comportamiento contrario a las normas y no lo modifique tras haber intentado el profesor hablar con él, podrá ser expulsado de clase y volver a la siguiente.

Así, ha recordado que el Decreto de 1995 establecía que todo estudiante que fuese expulsado de clase, no podía volver al centro hasta un mínimo de cinco días y un máximo de dos semanas después, si bien ha reconocido que, en general, los colegios e institutos no cumplían este precepto, contemplado en el artículo 53 de la citada normativa al considerarlo excesivo.

De este modo, Navarro ha señalado que se ha aprobado un nuevo Decreto, que posibilita que un alumno que sea expulsado de clase, pueda regresar a la siguiente, o bien, pueda permanecer fuera del centro por un máximo de tres días, en caso de conductas que no sean graves, sino "contrarias a la convivencia".

Por su parte, establece que un alumno pueda ser expulsado del centro educativo por un periodo que oscile entre los cuatro y los 22 días, sólo en caso de procedimientos especiales en los que se considere que haya incurrido en una conducta grave.

Navarro ha precisado que el Decreto establece que la expulsión de un alumno de clase es la última medida "correctora" que se adopta, dado que, previamente, el profesor debe "agotar" otra serie de alternativas, como hablar en privado con el estudiante y lograr de él un compromiso de mejorar su actitud.

Asimismo, el Decreto establece como medida previa a la expulsión de un alumno del centro mantener una reunión con su familia o que el afectado realice actividades de aprendizaje relacionadas con la norma de convivencia incumplida o participen en un programa específico o en una mediación escolar.

Por otro lado, en caso de que finalmente el estudiante sea echado de clase, el centro debe hacerse cargo de él, de modo que no deberá permanecer en el pasillo esperando a la siguiente clase, para lo cual, según ha explicado Navarro, cada centro tiene su propio reglamento de organización en este sentido.

De este modo, ha detallado que hay centros en los que trasladan al alumno expulsado a otra clase; otros que cuentan con una sala de convivencia donde hay un mediador escolar que habla con él; otros que trasladan al estudiante al departamento de orientación; otros que lo conducen a la biblioteca y otros que lo llevan a una sala donde permanecerá castigado haciendo deberes en presencia de un profesor.

Mediadores escolares

Por otra parte, Navarro ha precisado que el nuevo Decreto no contempla que los profesores sean considerados autoridad pública, tal como se aprobó el pasado mes de mayo en la Asamblea de Madrid, sino que, sobre todo, incide en regular la figura de los mediadores escolares en los colegios para resolver de forma pacífica los conflictos entre los alumnos y entre estos y los profesores.

Así, ha revelado que la nueva normativa contempla un título entero dedicado a la mediación escolar, labor a la que se puede dedicar cualquier miembro de la comunidad escolar, ya sean los padres, los alumnos, los profesores o el personal de administración y servicios.

Navarro ha recordado que hace tres años, algunos centros educativos comenzaron a implantar la figura del mediador escolar, si bien, hasta ahora, no "estaba al amparo de ninguna legislación".

Concretamente, el Decreto regula que quien quiera convertirse de forma voluntaria en mediador escolar en su centro educativo, deberá realizar un plan de formación, que se prolongará durante dos años, de forma que, una vez finalizado, ya estarán en condiciones de poder resolver los conflictos que se produzcan antes de que el colegio o instituto adopte medidas extraordinarias para solucionarlos.

En esta línea, ha indicado que, actualmente, se están formando en Baleares entre 10 y 15 centros educativos en materia de convivencia escolar, al tiempo que ha explicado que, una vez que los mediadores logran resolver un conflicto, se abre un plazo de dos semanas para que el equipo directivo o de convivencia compruebe que el problema se ha solucionado.

Navarro ha desvelado que la mediación la reclaman más los centros de secundaria que los de primaria, al tiempo que ha revelado que los alumnos confían, en primer lugar, en los propios estudiantes que se dedican a esta labor, con quienes elaboran propuestas, de cara a solventar el problema que haya surgido.

Finalmente, ha destacado que el mayor problema de convivencia que se da en las aulas no son las agresiones, que apenas se producen, sino la impuntualidad de los alumnos y el ruido generado por estos durante las clases, que en ocasiones, impiden al profesor impartir la materia con normalidad, según refleja un estudio realizado el año pasado a los docentes de las islas. En este sentido, Navarro ha remarcado que los problemas de convivencia son de "baja intensidad".