El Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para ejercitar ante la jurisdicción competente la acción popular en el caso relacionado con el último asesinato en la Comunitat Valenciana de una víctima de violencia de género en el municipio alicantino de Catral.

Los hechos se remontan al pasado 4 de diciembre, cuando una mujer de 23 años falleció como consecuencia de los hechos delictivos presuntamente cometidos por su ex compañero en esa localidad, según han indicado fuentes del Consell. El procedimiento se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Orihuela.

El suceso "no sólo constituye un caso de violencia de género, sino que también es un problema de ámbito social público de interés general, que obliga a los poderes públicos a actuar de una manera activa, con el objetivo de lograr la plena erradicación de los malos tratos", han señalado las mismas fuentes.

La Ley 9/2003 de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dispone en su artículo 36, que la Conselleria con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat, el ejercicio de la acción popular, a través del Gabinete Jurídico de la Generalitat o de abogados colegiados, en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el Decreto 206/2009 del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, establece que corresponde a ésta ejercer, entre otras, las competencias en materia de "prevención y erradicación de la violencia, con especial atención a la ejercida sobre la mujer".

La Ley 10/2005 de Asistencia Jurídica de la Generalitat dispone que corresponde a los abogados de la Generalitat integrados en la Abogacía General la representación y defensa en juicio de la Generalitat.

Asimismo, de acuerdo con esta ley, los abogados de la Generalitat no pueden iniciar acción alguna en nombre de la Generalitat sin estar previamente autorizados a ello por la autoridad competente, y es el Consell una de las autoridades competentes para el otorgamiento de las autorizaciones.