El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha advertido este viernes en Zaragoza de que la conflictividad social "irá en aumento" si el Ejecutivo central aprueba el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años, un hecho que será "únicamente responsabilidad del Gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación en la capital aragonesa, Méndez ha realizado "una advertencia muy seria: como el Gobierno quiera tirar por la calle del medio e imponer la edad de jubilación a los 67 años, la conflictividad y crispación irá en aumento en el país, por responsabilidad única del Gobierno".

Además, ha confiado en que el Parlamento, "como la inmensa mayoría de los grupos están en contra de la medida" en las conclusiones de la Comisión del Pacto de Toledo en las recomendaciones en relación a este tema "no haya ambigüedades que sirvan tanto para un roto como para un descosido".

Ha añadido que el sistema público de pensiones en nuestro país "está solvente y saneado, ha tenido más reformas que ningún otro sistema de pensiones en Europa y, en este momento, hay una en vigor donde está contemplado el retraso en la edad de jubilación hasta los 69 años, pero por la vía voluntaria y de los incentivos, y eso está consiguiendo que la edad real de jubilación se haya retrasado entre 2008 y 2009 en más de un año".

Voluntariedad e incentivos

Méndez ha opinado que "hay que seguir por el camino de las reformas que ya está marcado, que habla de voluntariedad e incentivos pero no por la vía de la imposición, un camino marcado por un acuerdo social que firmamos sindicatos, patronal y Gobierno que incluso está pendiente de cumplimiento" como definir los trabajos tóxicos para anticipar la edad de jubilación.

Ha recodado que, el pasado viernes, con la aprobación de un nuevo paquete de medidas económicas "que suponen un regalo a las empresas y un golpe duro a la situación de los trabajadores" con la retirada de la ayuda 436 euros "que puede provocar que la población laboral desprotegida se duplique hasta los dos millones de personas", anunció "de rondón" el adelanto al 28 de enero de la remisión del proyecto de reforma de pensiones al Parlamento.

"El problema no es que se precipite el plazo, sino de contenido. El Gobierno se aferrará a la imposición obligatoria de la edad de jubilación a los 67 años y me baso en las declaraciones de la ministra de Economía, Elena Salgado, a su regreso de la reunión del Ecofin. Parece ser que allí han reafirmado el compromiso de acometer una reforma lesiva del sistema público de pensiones en el país y tratará de utilizar como coartada las decisiones del Ecofin para imponer el recorte", ha avanzado.

Así, ha advertido de que las políticas en materia de pensiones "son nacionales y no comunitarias" y "no puede utilizar como burladero las políticas europeas". "Es extraordinariamente preocupante que se produzca una especie de vaciamiento democrático en relación con un debate de tanta transcendencia a 50 años vista", ha opinado y ha añadido que, detrás de esta medida, puede que lo que se pretenda es "acelerar el incremento de los sistemas de capitalización privada de pensiones".

"Es poco riguroso acometer una reforma usando lo que puede ocurrir dentro de 50 años porque es como si en 1939 alguien hubiera querido adivinar la España de 1989, en la que ya llevábamos tres años en Europa, son excusas de mal pagador", ha aseverado.

Méndez ha expuesto que los sindicatos si que participarán en el debate de la reforma de las pensiones "porque es un derecho" si bien ha reiterado que "si el Gobierno lo que pretende es imponer las decisiones del Ecofin" éste será "un mero trámite y una pantomima".

Movilización europea

Cándido Méndez ha visitado Zaragoza para participar en una asamblea de delegados con motivo de las movilizaciones previstas para los próximos 15 y 18 de diciembre en rechazo a las medidas puestas en marcha por el Gobierno español y europeo para hacer frente a la crisis.

Ha indicado que el 15 de diciembre se acometerá una movilización europea para "defender una salida distinta de la crisis, que apueste por el crecimiento económico y el empleo y no por repercutir sobre los trabajadores la crisis con unas políticas muy desequilibradas en las que se protege a los culpables".

Méndez ha avanzado que para atajar la crisis, el Banco Central Europeo debería adoptar la estrategia de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco de Inglaterra, de aceptar la transferencia de deuda de los bancos de los estados miembros, que tendrían que pagar unos intereses no abusivos, un hecho para el que "no es necesario modificar el pacto por la estabilidad y el crecimiento en vigor actualmente".

El secretario general de UGT ha confiado en que en marzo estarán "en condiciones más que sobradas" para poner en marcha la iniciativa legislativa popular para revertir la reforma laboral que, junto al secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, presentaron este jueves en la Mesa del Congreso.

La Cámara baja tiene un plazo de quince días para aceptar o rechazar la iniciativa y, a partir de ahí, los sindicatos deberán recoger un mínimo de medio millón de firmas en un plazo máximo de nueve meses para que ésta salga adelante.

"Esta reforma ya está siendo desacreditada por la realidad porque ninguno de los objetivos que decía perseguir el Gobierno para justificar este gravísimo atropello a los derechos sociales y laborales se están verificando: el paro sigue aumentando, la temporalidad ha crecido y tampoco han conseguido tapar la boca a los mercados financieros", ha aseverado.

Ha indicado que con la iniciativa legislativa popular se apuesta por "mejorar la estabilidad del empleo, facilitar trabajo a los jóvenes y que el despido sea el último recursos para luchar contra la crisis económica", así como "dar una segunda oportunidad al Congreso de los Diputados para que enmienden el error y la injusticia que perpetraron al aprobar la reforma laboral". CONTROLADORES

Por último, Cándido Méndez se ha referido al conflicto de los controladores y ha incidido en que el decreto que regula sus condiciones laborales tiene algunos aspectos "de dudosa constitucionalidad" como que no se incluya el permiso por maternidad o paternidad o las horas sindicales en el tiempo cotizado, por lo que el Ejecutivo debería cambiarlo dado que "afecta a derechos constitucionales fundamentales".

Ha señalado en que los hechos ocurridos el pasado viernes "no pueden calificarse como una huelga porque se trata de un abandono masivo de los puestos de trabajo" y ha reconocido que el Gobierno ,a la hora de convocar el estado de alarma, "no tenía otra alternativa", si bien "es una situación excepcional que debería acabar cuanto antes y no volver a repetirse".