La Fiscalía aplicará la Ley Penal de Navegación Aérea para valorar la posible responsabilidad penal de los controladores aéreos que el pasado viernes abandonaron sus puestos de trabajo sin justificación, lo que provocó el cierre del espacio aéreo español y la convocatoria de estado de alarma. Así mismo, se aplicará una gradación de responsabilidades entre los dirigentes de este hecho y los que se limitaron a secundarlo.

Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía General del Estado en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión de la Junta de Fiscales de las Comunidades Autónomas, presidida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, este jueves en Zaragoza.

Las mismas fuentes han aclarado que la Ley Penal de Navegación Aérea establece, a partir del artículo 20, diferencias de responsabilidad "entre los dirigentes y los controladores que siguen instrucciones", por lo que la Fiscalía "va a trabajar en el objetivo común de identificar a los dirigentes del hecho porque la responsabilidad penal se agrava en aquellos que lo han organizado con respecto a los que han hecho seguidismo", si bien "no se dejará fuera a nadie".

Los controladores implicados se enfrentan a un presunto delito de sedición, castigado con penas de entre tres y ocho años de prisión, aunque fuentes de la Fiscalía han incidido en que "las responsabilidades hay que verlas caso por caso, con agravantes y atenuantes". En el encuentro de este jueves se ha decidido la unificación de la base jurídica que se utilizará por parte de la Fiscalía.

Además, en esta reunión cada uno de los fiscales ha explicado el grado de afección de cada Comunidad y el número de controladores que estiman que han participado en cada zona, de manera que cada Audiencia Provincial en la que exista un aeropuerto en el que se haya cometido un presunto hecho delictivo abrirá un procedimiento, que llevará el Juzgado de Instrucción.

Se ha aprovechado también la reunión para coordinar con AENA los turnos en los que los controladores deberán comparecer ante la Fiscalía "para no desabastecer las torres de control" y se ha advertido de que "una vez la Fiscalía practique las diligencias y haga las calificaciones jurídicas oportunas, se judicializará el proceso, con un juicio diferente en cada territorio, pero con una base legal unificada".