Este jueves, día 9, concluye el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación directa de bienes incautados al clan de los Charlines. Las ofertas podrán presentarse, en sobre cerrado, en cualquier registro público y el plazo para su apertura y adjudicación finalizará el 16 de diciembre, según han explicado a Europa Press fuentes de la Agencia Tributaria en Galicia, a la que se han desplazado trabajadoras de la conservera Charpo para exigir el cobro de sus indemnizaciones.

Así, a partir de este jueves, se abrirá un plazo de cinco días hábiles para proceder a la adjudicación de los bienes que no fueron subastados, entre los que se encuentra el Pazo Vista Real de Vilanova, por el que está interesado el Ayuntamiento de este municipio pontevedrés. Entre los bienes incautados y que no fueron adjudicados en subasta, figuran también dos pisos en Pontevedra, varios apartamentos y garajes, fincas rústicas y seis bateas.

En caso de que las ofertas recibidas no alcancen los valores mínimos de referencia establecidos por la Audiencia Nacional, se abriría un nuevo plazo de adjudicación, según señalaron las mismas fuentes, que apuntaron que, de existir ofertas que si alcancen esos mínimos, podría procederse ya, la próxima semana, a la adjudicación directa si así lo considera la mesa de subasta. PROTESTA

Coincidiendo con la finalización del plazo para presentar ofertas, y ante la creencia de que este jueves habría una nueva subasta de bienes, medio centenar de trabajadoras de la conservera Charpo —perteneciente a los Charlines e intervenida en los años 90— se han desplazado a la Agencia Tributaria para exigir que se les abone las indemnizaciones que se les adeudan y para reclamar una reunión con algún responsable del proceso de adjudicación de los bienes.

A su llegada, un portavoz de Hacienda les explicó el procedimiento que se seguirá a partir de ahora y les requirió para que presentasen por escrito su reclamación.

Por el procedimiento de subasta, la Agencia Tributaria adjudicó en octubre una nave, una embarcación auxiliar, dos bateas y otros tantos garajes, mientras que quedó desierta, entre otros, la subasta del Pazo Vista Real, de Vilanova de Arousa (Pontevedra).

La puja del patrimonio de las empresas de los Charlines se celebró tras la sentencia dictada, en enero de 2003, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que condenó a miembros de este clan por un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.