En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A demanda estos datos a la Junta al hilo de las disposiciones aprobadas en 2010 por la Junta para la transmisión de bienes inmuebles a la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial S.A. (Sogefinpa) y a la Empresa Pública de Gestión de Activos S.A. (Agesa), que una enmienda del Grupo Socialista amplía para 2011 a cualquier sociedad pública o privada, persona física o jurídica.
En primer lugar, el Grupo Popular insta a la Junta a presentar una relación detallada de los inmuebles que van a ser enajenados, bien a Sogefinpa y Agesa o a entidades o personas con carácter privado, de los 75 que han sido incluidos en la autorización de venta del pasado 9 de noviembre.
Junto a ello, el PP reclama un "inventario de todos los inmuebles, solares y suelos de su titularidad, así como de Agesa, Sogefinpa, Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) e Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA)", con indicación expresa de los datos relativos a superficie; valor actualizado; calificación urbanística; ubicación, y uso o destino".
Coste de alquileres
Los populares también quieren que la Junta aporte un estudio al Parlamento que enumere "coste de los alquileres que tendrá que abonar la Junta a las entidades instrumentales por el concepto de arrendamiento; rentabilidad anual actualizada que obtiene Agesa en conceptos de alquileres inmobiliarios, y repercusión que, con los alquileres que harán Agesa y Sogefinpa a la Junta, tendrá en la rentabilidad que actualmente obtienen por dicho concepto".
En un plano más político, el PP-A solicita además que el Parlamento manifieste su "rechazo a la merma competencial y el recorte de facultades que va a representar con el cambio de titularidad de los inmuebles para la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública".
Por último, la iniciativa también reclama un estudio detallado "sobre el impacto que tendrán sobre el deteriorado mercado inmobiliario de Andalucía y el acceso a la financiación por parte de los particulares, los avales que las entidades crediticias habrán de aportar, vía Junta, a las entidades instrumentales" y un estudio jurídico "que avale la inembargabilidad de los bienes vendidos a las sociedades instrumentales y que por tanto cambian de titularidad".
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