La Policía Nacional investiga anualmente una treintena de posibles matrimonios de conveniencia entre comunitarias y extranjeros, una cifra que experimentó un repunte hace dos años pero que se ha estabilizado actualmente a pesar de la crisis.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press el jefe de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) de Granada, Carlos Cuervo, quien considera que este tipo de enlaces fraudulentos son muy "difíciles" de detectar, puesto que en muchas ocasiones los cónyuges ya saben cómo reaccionar ante una investigación por posible irregularidad de su enlace. "El problema es llegar a determinar si se han casado por motivos económicos", explica.

En la provincia de Granada, según explica, no se han detectado redes dedicadas a la organización de este tipo de matrimonios irregulares, si bien sí han sido investigadas ramificaciones procedentes de otras provincias o países.

Así, la Ucrif consiguió destapar varios casos de mujeres de Málaga, concretamente del barrio de La Palmilla, que se casaban con ciudadanos nigerianos, y de portuguesas con paquistaníes que se habían casado en Portugal y que querían empadronarse en Granada. Además, en colaboración con la Policía en Soria, se descubrieron varios enlaces también entre mujeres europeas y nigerianos, que aportaban para su empadronamiento en Granada un certificado de matrimonio de un párroco soriano que nunca los había casado, lo que además implicó su imputación por falsificación documental.

En la mayoría de los casos, la Policía comienza a investigar los matrimonios que pueden ser considerados fraudulentos tras la advertencia de la Oficina de Extranjería, si bien también puede actuar a consecuencia de la denuncia de un particular, que incluso puede ser anónima.

Tras tener conocimiento de que el enlace se ha podido negociar entre dos personas simplemente para que uno de los casados consiga papeles para su regularización en España o por motivos económicos, los agentes de la Ucrif se entrevistan por separado con los dos cónyuges, y les hacen preguntas personales genéricas para dilucidar si se conocen realmente y pueden llegar incluso a comprobar si comparten el mismo domicilio, entrevistándose en algunos casos con los vecinos.

Así, si se constata que la unión obedece a motivos espurios, se le da traslado del caso a la Fiscalía, que tendrá que determinar si la conducta de los investigados merece o no reproche penal. Además, si la Ucrif, que cuenta en Granada con un total de ocho policías, dos inspectores y dos subinspectores, considera que el matrimonio puede ser irregular, se da traslado a la Oficina de Extranjería de un informe negativo para que se le deniegue la tarjeta de residencia al cónyuge que la solicita.

Por norma general, el cónyuge comunitario que se casa de forma fraudulenta con un extranjero suele ser mujer, de entre 20 y 50 años, de bajo nivel cultural, que además no habla "ni entiende una palabra" del idioma de su marido, lo que suele ser un factor clave para detectar la irregularidad del enlace.