La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha asegurado que el proyecto en el que está trabajando su departamento para adjudicar mediante concurso público el suministro de los principios activos (que no medicamentos) a los laboratorios fabricantes que ofrezcan el precio más barato "es perfectamente legal", toda vez que le ha recordado al secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, que sus interlocutores en este ámbito "son por una parte la industria farmacéutica, por otra el Consejo Andaluz de Farmacéuticos y por otra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que representa el interés de los ciudadanos".

Montero ha asegurado a Europa Press que "todas las propuestas y borradores de trabajo" que tiene encima de la mesa acerca de este tema "son perfectamente legales" y ha avisado a Sanidad que este posible proyecto de adjudicar en concurso público el suministro público de los fármacos a los laboratorios que ofrezcan el precio más barato "lo hacemos en el marco de nuestras competencias y tienen el respaldo jurídico de la Junta de Andalucía".

En cuanto a las voces contrarias a esta media que están apareciendo tanto desde el seno del Ministerio de Sanidad, que aluden a una invasión de competencias, como de otros agentes implicados en el sector farmacéutico, así como del hecho de que algunos apuntan a que es un 'globo sonda' de la comunidad para comprobar cómo reacciona el sector, la responsable andaluza ha advertido que la Administración autonómica ya ha demostrado en otras ocasiones la "seriedad" con la que se toma estos asuntos.

"Evidentemente hemos demostrado que somos una Administración seria y que, a la hora de articular una propuesta como la del gasto farmacéutico en particular, lo hacemos siempre con un conocimiento muy exhaustivo de la Ley", ha avisado.

Sea como fuere, ha insistido en que desde su departamento "seguimos trabajando y concentrando toda nuestra atención con nuestros interlocutores, que son por una parte la industria farmacéutica, por otra el Consejo Andaluz de Farmacéuticos y por otra el SAS que representa el interés de los ciudadanos".

Además, ha afirmado a Europa Press que, "si después de haber llegado a un acuerdo o tener alguna propuesta concreta, alguna autoridad o Administración entiende que se vulnera algún principio de legalidad, está en su derecho de recurrirlo".

Recelo de los farmacéuticos

Recientemente, el Consejo Andaluz de Farmacéuticos ha pedido a la Consejería andaluza de Salud que no les haga "cómplices" de lo que consideran sería una "ruptura" del modelo de cohesión que establece el Sistema Nacional de Salud (SNS) con esta medida.

En concreto, desde el sector farmacéutico se teme que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de luz verde definitivamente a su idea de adjudicar mediante concurso público el suministro de los principios activos "y nos pida que abanderemos junto a ellos (la Administración) esta medida".

Fuentes farmacéuticas cercanas a la negociación consultadas por Europa Press han mostrado así sus "recelos" a este pretendido proyecto de "subasta al mejor postor" de los medicamentos que adquiriría el SAS y con el que se persigue reducir en última instancia el gasto sanitario "en un contexto de recortes presupuestarios y crisis económica".

Además, han mostrado su "malestar" ante lo que consideran una "vinculación interesada" de modificar o no el punto relativo a los descuentos de los pañales del convenio que mantienen farmacéuticos y Administración desde 2002 al "sí" de los farmacéuticos a aceptar esta medida del SAS "e ir juntos de la mano".

En concreto, los farmacéuticos temen que la Administración le aplique "por cuenta propia" a los pañales que adquiere de estos profesionales un 20 por ciento más del descuento que ya tenían y que también es del 20 por ciento. Ello motivaría un 40 por ciento de descuento del precio de los pañales, "provocando que este producto entrase en pérdidas" para el boticario.

De igual modo, las citadas fuentes entienden que una 'subasta de medicamentos' "friccionaría" con las atribuciones que tiene el Ministerio de Sanidad de cara a fijar precios comunes de los medicamentos en el conjunto del SNS, por lo que también han pedido, a través del Consejo General de Farmacéuticos, el "amparo" de la cartera que ahora dirige Leire Pajín por si entiende que la medida andaluza "rompe la cohesión del SNS".

No obstante, desde el Consejo Andaluz de Farmacéuticos se confirma que las negociaciones siguen abiertas al diálogo y a seguir negociando.

Además, tanto los laboratorios fabricantes de genéricos como los más centrados en la obtención de moléculas innovadoras también han mostrado su malestar a esta idea del departamento que dirige Montero, si bien han admitido que la iniciativa de la Junta puede tener visos de prosperar.

De hecho, el sector farmacéutico en su conjunto ha aludido a la fineza de algunos de los elementos que hay en juego y que permitirían a Montero proseguir con su medida como son: que el SAS habla de principios activos, no de medicamentos, que es la materia que regula Sanidad; que la Ley de Farmacia andaluza prevé esa maniobrabilidad; que en los concursos públicos ya se utilizan para el suministro de medicinas en los hospitales; y que la legislación relacionada con las medidas gubernamentales en curso para reducir el déficit del Estado abre la posibilidad de acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones de mercado.