El abogado de la familia de José Couso, Enrique Santiago, ha anunciado este viernes que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los hechos que relatan los documentos filtrados por Wikileaks, que apuntan a la colaboración del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con el departamento de Estado estadounidense para archivar el caso del periodista José Couso, asesinado por tropas norteamericanas en Bagdad en 2003.

Según ha explicado el letrado, la Fiscalía es el organismo encargado constitucionalmente de investigar la veracidad de estos hechos. A su juicio, la Fiscalía tendría dos posibilidades tras su correspondiente investigación: poner en conocimiento de los hechos al juzgado correspondiente o archivar la denuncia. "A la vista del resultado de esa investigación tomaremos las siguientes iniciativas", ha indicado Santiago. "Esperamos que sea la propia Fiscalía General la que inicie las correspondientes acciones, ya sea administrativas, disciplinarias o, en su caso, penales, para esclarecer lo que ha ocurrido", ha añadido.

La denuncia será presentada, con toda probabilidad, la próxima semana según ha indicado el abogado. Esta recogerá "exhaustiva y detalladamente" lo que ha publicado la prensa y que, según ha señalado Santiago, "ninguno de los implicados ha negado".

También solicitarán que se investigue si se ha entregado documentación de las actuaciones a partes que no están implicadas en el proceso, como la Embajada estadounidense, algo que, según ha apuntado, está totalmente vetado por la ley de enjuiciamiento criminal. Además, el letrado ha apuntado a un posible delito de "encubrimiento" por parte de algunos miembros de la Fiscalía, aunque ha aclarado que la acusación no quiere establecer ninguna presunción previa a la espera de lo que determine la Fiscalía General del Estado.

Santiago ha dicho que los delitos deben investigarse con "celeridad" y "diligencia", pero ha añadido que se darían por satisfechos "con conocer que hay una investigación sin pausa, aunque sea sin prisa, pero constante y exhaustiva". El hermano del cámara de Tele 5 asesinado el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad por soldados estadounidenses junto, Javier Couso, ha manifestado el "horror, estupefacción y tristeza" que siente la familia ante el contenido de los cables.

Couso ha recordado el compromiso que les transmitió el Gobierno de no obstaculizar el caso de su hermano. "Nos engañaron vilmente, porque estaban conspirando en la sombra con la Embajada de Estado Unidos, es decir, con los representantes de los tres militares presuntos asesinos de mi hermano", ha declarado.

En particular, ha considerado "gravísimo" que Conde-Pumpido haya estado "oponiéndose a todos los avances judiciales", a pesar de que había dicho a la familia que la única duda que tenía sobre caso era sobre la competencia de la justicia española y que si el Tribunal Supremo determinaba que ésta tenía competencia él no se iba a oponer. En este sentido, se ha mostrado "contento" de que no se haya podido parar el caso gracias a la intervención de Tribunal Supremo.

"¿Qué pensaría mi hermano si ahora mismo viera que su gobierno ha estado conspirando para que no se sepa lo que le pasó?", ha dicho, al tiempo que ha acusado a los ministros, la ex vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega -que también aparece citada en las informaciones sobre el 'Caso Couso'- y a la Fiscalía General del Estado de trabajar para una potencia extranjera".  

Por otro lado, Couso ha hecho un llamamiento para que los abogados de la familia puedan viajar en condiciones de seguridad a Bagdad con la comisión judicial que encabezará el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para realizar la inspección ocular de los lugares donde ocurrieron los hechos. La comisión judicial excluye a los abogados y estos están considerando viajar por sus propios medios a la capital iraquí. "Como familia, nos gustaría que nuestro gobierno diera protección a nuestros abogados. Hacemos responsables al Gobierno Español de la seguridad de nuestros abogados", ha dicho Couso. Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, ha acusado al Gobierno de "doble moral" en el 'Caso Couso' y ha criticado que por un lado le concedieran al periodista la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y por otro intentara ocultar las circunstancias de su muerte.