El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado que el plan de pensiones de la Fundación Marqués de Valdecilla debe tener las mismas condiciones que el del Gobierno regional, en una sentencia que acepta la tesis del sindicato Comisiones Obreras y que rechaza, en consecuencia, el criterio del Ejecutivo.

En el fallo, la Sala de lo Social remarca la pertenencia al sector público cántabro de esta entidad, aunque admite su "compleja incardinación" por su origen privado, que se combina con una titularidad pública.

Es, según incide, un ente jurídico-privado, constituido y financiado por los poderes públicos, lo que hace que se la incluye en el sector público, pero matiza que sus relaciones jurídico externas y la contratación de personal se rigen por las normas propias del derecho privado.

Así, se remite a la ley de acompañamiento de 2007 en la que se describe a esta entidad como de titularidad pública, con personalidad jurídica propia y capacidad de regularse por sus propios estatutos.

En concreto, el fallo explica que la Fundación no implantó un plan de pensiones propio, sino que acordó su adscripción al del Gobierno de Cantabria, para lo que además se iniciaron los trámites.