La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, ha asegurado que la Junta está trabajando con 78 municipios en la elaboración de planes de inspección municipal y elaboración de los inventarios de construcciones en suelo no urbanizable, y ha apuntado que tendrá terminados los primeros planes de inspección e inventarios completados "en un par de meses".

Asimismo, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha tramitado desde la creación de la Dirección General de Inspección en el año 2005 hasta la actualidad un total de 7.343 actuaciones relacionadas con las infracciones urbanísticas, concretamente con la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Así, ha precisado que, fruto de las labores administrativas, en coordinación con municipios, autoridades judiciales y fuerzas de seguridad del Estado se han tramitado más de 5.000 denuncias (5.138) y se formalizado más de 650 impugnaciones, entre otras cuestiones.

En su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha precisado que la Junta tiene identificadas y localizadas "un tercio de las edificaciones ilegales que se estiman", que el PP había cuantificado en un total de 300.000 viviendas, tras lo que ha reconocido que las urbanizaciones ilegales constituyen "una de las principales asignaturas pendientes que hay en el urbanismo y la ordenación del territorio en Andalucía" y ha apuntado que se trata de "un problema que viene de lejos y que se ha ido acumulando durante decenios".

Ha explicado que la Junta detecta que el fenómeno de edificación ilegal "se encuentra en estos momentos detenido, bien por efecto de la crisis económica, por la intervención pública o porque exista mayor conciencia social".

Cruz ha reconocido que se trata de "un problema de gran complejidad y diversidad, donde no existen soluciones únicas sino distintas", toda vez que "hay por un lado problemas de parcelaciones ilegales y por otro lado problemas de dispersión de viviendas en suelos no urbanizables, por lo que las soluciones no son las mismas; no hay soluciones mágicas ni únicas".

Ha precisado que "es necesario una asunción social de la legalidad en suelos no urbanizables, donde se trata de reconducir las actuaciones" y ha apuntado que "una forma da de darle salida a esta situaciones será el reconocimiento de la realidad a través de planes subregionales de ordenación del territorio".

Así, ha explicado que en el plan subrregional de la costa noroeste de Cádiz, que se puede extrapolar a otros planes subregionales, se han identificado áreas alegales con incidencia territorial "y se va a hacer el reconocimiento sin que computen estas edificaciones en el porcentaje de crecimiento urbanístico de un municipio y no le será de aplicación la limitación y el cómputo de crecimiento urbanístico de un municipio contemplada y establecida en la norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), puesto que si aflorara y computara esa realidad de edificaciones ilegales, algunos municipios se podrían quedar sin crecimiento".

Ha dejado claro que "los costes derivados de la urbanización d esos terrenos se deben efectuar en igualdad de condiciones que las actuaciones en suelos urbanizables, y sin que se generen costes añadidos a las administraciones públicas".

Cruz ha recordado que existen dos situaciones existentes en los suelos no urbanizables, esto es parcelaciones, donde se podrán reconocer aquellas "compatibles con el desarrollo urbanístico, con incorporaciones que no supongan costes para la administración"; y situaciones de diseminado, cuya casuística es mayor y donde ha reconocido que "es posible que haya viviendas que no puedan ser legalizada". En ese último punto consideró necesaria "una regulación específica que permita mantenimiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad sin que implique consolidación en términos urbanísticos".

La consejera ha apuntado las actuaciones emprendidas por la Consejería, con disposiciones normativas como la creación del cuerpo de inspectores o el reglamento de disciplina urbanística, además del inventario de edificaciones ilegales.

En ese punto, la consejera, quien no se atrevió a dar cifras sobre dicho inventario, sí ha destacado que se han suscrito convenios de colaboración con 78 municipios en Andalucía para la elaboración de planes de inspección municipal y elaboración de los inventarios de construcciones en suelo no urbanizable, en un trabajo técnico "muy minucioso que nos está dando el conocimiento de la realidad". Agrega que de ellos, la Junta de Andalucía interviene de manera directa en la realización de 33 planes y hasta la fecha, se han concluido nueve.

Asimismo, apeló a la responsabilidad compartida con ayuntamientos y la necesidad de prevención de esas actuaciones "tanto en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la Ley de Autonomía Local de 2010, además del Reglamento de disciplina urbanística".

La consejera ha destacado como otra línea de trabajo los acuerdos y protocolos alcanzados con otras administraciones, instancias judiciales y con efectivos como la Guardia Civil, de forma que fruto de dicha colaboración "se han emitido más de 1.200 informes periciales a petición de distintos órganos judiciales", y agregó que dentro de las labores administrativas se han tramitado más de 5.000 denuncias y se formalizado más de 650 impugnaciones; además se han incoado 34 expedientes sancionadores y 74 expedientes de protección de la legalidad urbanística; así como la realización de 236 requerimientos de revisión de oficio de las licencias otorgadas.

A juicio de Cruz, "hay que mejorar la información transmitida a los ciudadanos, para que conozcan la realidad y que sean conscientes de los costes derivados de infracciones urbanísticas".

El pp pide un cambio en la ley

Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez ha asegurado que en materia de control de las edificaciones ilegales "se ha avanzado muy poco o nada" y tras apuntar a la existencia de 300.000 viviendas ilegales, ha destacado la magnitud del problema, frente a la reacción y tramitación "lenta y farragosa" por parte de la Junta.

Martínez ha instado a la Junta a que "sea valiente y aborde el problema eliminado estas viviendas alegales del cómputo de crecimiento que establece el POTA", y ha demandado una "modificación normativa urgente", de forma que "se modifique la Ley del Suelo en Andalucía para dotarla de un marco completo donde se regulen las actuaciones y edificaciones alegales que existen en toda Andalucía".

Ha solicitado que se establezcan convenios con los ayuntamientos "para que la Junta se comprometa a normalizar esas actuaciones para evitar la paralización de las órdenes de derribo" y ha demandado una "regulación propia andaluza que aborde la problemática de edificaciones alegales en Andalucía". Asimismo, ha considerad que el reglamento de disciplina "no ha servido".

Por su parte, el diputado de IU Ignacio García, que ha lamentado que "no exista un censo de estas edificaciones", ha apuntado a la "corresponsabilidad por omisión de la Junta" en este problema y ha recordado que "existen mecanismos sancionadores en la LOUA, con multas coercitivas y no se han aplicado".

Asimismo, ha lamentado que "algunos ayuntamientos han denunciado estas edificaciones ilegales pero se han encontrado con problemas en los tribunales" y ha considerado necesario un "pacto político" para que "el coste de dicha reurbanización debe recaer sobre los infractores".

También ha lamentado la "escasa magnitud" del cuerpo de inspectores "con muy pocas posibilidades para el trabajo de campo y con una poca presencia en las delegaciones provinciales".