La última vez que se realizó una vacunación forzosa en España, con la Policía yendo casa por casa, fue en tiempos de la viruela (hace 200 años), pero bien podría repetirse ahora en Granada, después de que 15 familias hayan desobedecido al juez que les conminaba a vacunar a sus hijos para atajar así el brote de sarampión que suma ya 51 afectados.

El brote surgió a primeros de noviembre en el colegio ‘Gomez Moreno’ del barrio del Albaicín. La Delegación de Salud solicitó a los padres la inmunización de todo el alumnado. Al ver que 35 familias seguían sin presentar su cartilla de vacunación, llevó el caso en los juzgados y el titular del número 5 de instrucción ordenó la inmunización forzosa de los niños.

La orden judicial, pionera en España, exigía a las 35 familias la vacunación de sus niños “sin recibir un trato inhumano o degradante” y con todas facilidades: en sus domicilios, en el colegio o en el centro de salud. Además, les daba un plazo: la pasada medianoche. A día de hoy, según Delegación de Salud, todavía hay 15 familias que se niegan a vacunar a sus hijos.

Las vacunas, como recuerda el coordinador del comité asesor de vacunas de la Sociedad Española de Pediatría, Josep Mares, son “en situación normal, una recomendación sanitaria y no un acto médico obligatorio, pero en el caso de un brote epidémico, la única medida de protección que tiene la comunidad”. La ley, de hecho, estipula que las autoridades podrán tomar cualquier tipo de medida para preservar la salud pública.

La idea de que la vacunación ha conseguido reducir la mortalidad infantil y erradicar una decena de enfermedades es general. “España es un país que muestra gran confianza en las vacunas y el porcentaje de cobertura roza el 95%”, explica el doctor Mares. Pero a finales de los años ochenta surge un momiento que pone en tela de juicio sus bondades.

Entre sus preocupacione está la necesidad de vacunas para males con los que no convivimos a diario, como la polio; la creencia de que no son enfermedades mortales; el mercurio que llevaba uno de sus conservantes; los rumores de su conexión con el autismo- nunca probado científicamente-; el cargado calendario vacunacional (hasta 18 inyecciones antes de los tres años) y los efectos secundarios adversos de la propia inyección.

La Liga para la Libertad de la Vacunación, echó a andar en España en 1987, y a día de hoy la conforman 700 miembros, según explica el doctor Xavier Uralde, su presidente. La idea central de la liga es que “las vacunas realmente no han hecho disminuir las epidemias y sí añaden efectos adversos graves”. Su reclamación: libertad de decisión a las familias y más información a los padres.

El asesor de la Sociedad Española de Pediatría, el doctor Mares, cree que las evidencias desmontan el miedo a los efectos secundarios de las vacunas. “Las reacciones alérgicas son prevenibles. En situación de control sanitario, los efectos adversos son conocidos, leves y tolerables”.

La liga reconoce que está asesorando a las familias de Granada, que según dicen se han organizado y cuentan con una defensa legal común que está siguiendo tres distintas líneas de trabajo para intentar neutralizar la orden judicial. De estas quince familias dicen poco, pues les han pedido silencio informativo, pero niegan que se trate de gente desinformada. “Son profesionales liberales, abogados, ingenieros, familias de un nivel social y educativo más alto que la media nacional”, apuntan.

Ellos piensan que se ha sacado de quicio el asunto. Que se habla de epidemia pero que en realidad los brotes de sarampión son recurrentes en España. “Cada año hay 200 o 300 casos en forma de brote, hoy en Barcelona, mañana en Granada y pasado en Ciudad Real”, dice Uralde. Y se niegan además a tener que tragar con la triple vírica. “Si la amenaza es del sarampión, ¿por qué tienen que pasar también por la vacuna de paperas o de Rubeola?”.

Con todo, la sociedad española de pediatría advierte de que si cunde su ejemplo puede volver a subir la mortalidad infantil y a resurgir enfermedades casi erradicadas. Y además, les llaman insolidarios: “Si no se vacunan ellos se ponen a sí mismos en riesgo, pero también a los menores que, por razones de calendario, aún no les tocaba ser vacunados”, dice Maures.