Gobierno vasco presenta suinforme sobre 'otras víctimas' atribuidas a "agentes del Estado" y llama al "consenso"

Emplaza a no caer en "discursos equiparadores" con el terrorismo de ETA

El Gobierno vasco ha presentado, de forma oficial, el informe sobre 'víctimas de motivación política', que recoge vulneraciones de derechos humanos por parte de "agentes del Estado" hasta mediados de la década de 1980, con un llamamiento al "consenso" y a no caer en la "equiparación" entre esta realidad y el terrorismo de ETA.

El texto, denominado 'Informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidas en un contexto de violencia de motivación política', ha sido presentado este martes ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.

El documento, dado a conocer por las responsables de las direcciones de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, y Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maestu, incluye una definición de este tipo de violencia.

En ella, se indica, en primer lugar, que "sus autores son agentes del Estado que han actuado con evidente abuso de poder", y alude a "aquellas organizaciones y grupos parapoliciales que han contado son el apoyo o aquiescencia" de los primeros.

Además, se indica que las vulneraciones de derechos humanos contempladas en el documento "se han realizado con cierto grado de organización, en un intento de influir en la sociedad o en la política y muchas veces bajo un contexto de impunidad". DAMNIFICADOS

El tercer elemento de la definición señala que los damnificados por este tipo de violencia "son elegidos por una motivación política: bien por sus convicciones o ideología o con el objetivo de amedrentar y causar terror en la población".

El informe contempla tres periodos históricos que abarcan desde 1968 hasta la actualidad. No obstante, se indica que a la última etapa analizada, correspondiente al periodo entre la segunda mitad de la década de 1980 hasta 2010, no se le aplican los dos primeros elementos de la definición, dado que se trata de un tiempo en el que en España se ha logrado ya "un Estado democrático y de derecho comparable con otros de su entorno europeo".

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