La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado que el despido de Clemente Rasines como coordinador del centro de visitantes de las Marismas de Santoña fue nulo y, además, ha cuestionado la actitud de la administración regional porque, a su juicio, el despido se debió a razones políticas.

De esta forma, en una sentencia dictada el pasado 19 de noviembre y conocida este martes, la Sala rechaza un recurso de la empresa Tragsa y ratifica que el despido fue nulo, como ya dictaminó en junio el Juzgado de lo Social número 1 de Santander.

Según se explica en la sentencia, Rasines fue contratado en su día por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, que tenía un convenio con la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad para hacerse cargo de la conservación, difusión y uso público de los espacios naturales incluidos en su territorio, entre ellos, el Parque Natural de las Marismas de Santoña.

El trabajador fue el coordinador de los trabajos en este espacio desde el 21 de septiembre de 2008 hasta el 28 de febrero de este año, cuando concluyó la vigencia del convenio y la Consejería decidió no renovarlo.

En su lugar, Biodiversidad encargó a partir de entonces la gestión del parque a la empresa Tragsa, que volvió a contratar a toda la plantilla salvo a Rasines.

La propia directora general de Biodiversidad, María Eugenia Calvo, y el subdirector general visitaron el centro de visitantes días antes del cambio y comunicaron a Rasines que él no sería de nuevo contratado porque querían darle "otro enfoque" a la gestión.

Para el TSJC, esa expresión no es más que una "metáfora" para referirse a una decisión "arbitraria" que se debe a razones políticas y que "sorprende todavía más en el ámbito de las administraciones públicas".

Según explica, la verdadera razón para el despido fue que Rasines comparte "identificación política" con la Mancomunidad de Municipios Sostenibles y esa identificación no se corresponde con la de la Consejería que, además, veía cómo los "réditos del éxito" de la gestión del parque se los llevaba la Mancomunidad, a pesar de que la financiación de las actividades partía de la Consejería.

Aunque Tragsa ha intentado hacer valer algunas justificaciones "aparentemente alejadas de la arbitrariedad", la sentencia recalca que la decisión responde, "en realidad, a un propósito inadmisible" y la empresa no ha probado que la medida tenga una "motivación objetiva y razonable".

En opinión de la Sala, el ex coordinador debería haber sido contratado por Tragsa igual que el resto de trabajadores, ya que, con el traspaso de las funciones de la Mancomunidad a Tragsa se produjo una subrogación de empresas.