El juicio contra los tres acusados por el doble asesinato cometido el 21 de octubre de 2008 en un adosado de la barriada cacereña de Montesol, donde fueron encontrados muertos el matrimonio Juan Antonio Torrecilla Ortega y Mercedes García de las Heras, ha sido suspendido hasta el 14 de febrero de 2011 ante la imposibilidad de constituir el jurado por las recusaciones de varias de las personas que habían sido llamadas para formar parte de él.

La vista oral ha comenzado a las 10,00 horas en el Palacio de Justicia de Cáceres con la elección de los once miembros del jurado, nueve titulares y dos suplentes, de un total de 28 personas que habían sido preseleccionadas, pero la mayoría ha sido recusada por la presidenta del Tribunal, al entender que podían tener prejuicios previos, falta de imparcialidad y ante la imposibilidad de garantizar la presunción de inocencia de uno de los acusados, la brasileña Ángela A da C., que es la única persona de las tres acusadas que permanece en prisión.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación el abogado defensor de Ángela, José Duarte, quien en su turno de preguntas a los miembros preseleccionados les ha planteado una cuestión sobre el hecho de que su defendida estuviera en prisión y los otros dos acusados no, y si esta circunstancia hacía a Ángela "más culpable" que a los otros a lo que varios miembros del jurado han contestado "con sinceridad", apunta Duarte, que "si está en prisión algo habrá hecho".

Esta respuesta de varios miembros del jurado ha provocado su recusación hasta el punto en que sólo quedaban ya cinco posibles candidatos que junto a los otros cinco que ya habían sido seleccionados no sumaban el total de once miembros, por lo que "la imposibilidad numérica de formar el jurado" ha hecho que se suspenda el juicio y se fije una nueva vista oral para el 14 de febrero de 2011 a las 10,00 horas, cuando habrá que constituir un nuevo jurado.

Como quiera que en febrero se puede dar la circunstancia de que Ángela A da C. siga en prisión y su abogado siga planteando la misma duda a los miembros del jurado, el letrado José Duarte presentará un escrito pidiendo la libertad provisional y la presidenta de la Sala, María Félix Tena, tendrá que resolver si deja en libertad o no a la acusada.

Garantizar su enjuiciamiento

Por su parte, el abogado de los tres hijos del matrimonio asesinado, Santiago Hurtado, ha explicado que "en principio" seguirá oponiéndose a la puesta en libertad de Ángela pero que "ahora existe una causa mayor" y "es posible que se le ponga en libertad, siempre y cuando se garantice que va a ser enjuiciada". "Hay que garantizar que se presentará en el juicio el 14 de febrero", ha aseverado el letrado.

Hurtado ha recordado que la prisión provisional es una medida cautelar para garantizar que la acusada no se dé a la fuga y comparezca en el juicio, pero también ha añadido que "existen otras medidas para que no eluda la acción de la justicia" como la comparecencia diaria en los juzgados o la colocación de algún dispositivo localizador, tipo pulsera, para saber sus movimientos en todo momento.

"Lo que queremos es que se nos garantice que no se va a Brasil y que cuando comience el juicio comparezca ante la justicia", ha dicho el abogado que ha recordado que otra posibilidad que se vislumbra podría ser concederle un tercer grado y que tenga que ir a dormir todas las noches a la prisión, aunque será la presidenta de la Sala la que debe decidir la cuestión.

Finalmente los abogados defensores de los otros dos acusados, Rafael S.G , y Manuel R, han explicado que las recusaciones a los miembros del jurado "son procedimientos que contempla la Ley" y que "puede ocurrir" porque el tribunal debe garantizar que las personas que forman parte del jurado no estén influidas o tengan una predisposición sobre alguno de los acusados.

Tres en el banquillo

Cabe recordar que en este juicio serán tres los acusados que se sentarán en el banquillo. Los acusados son la que fue empleada de hogar del matrimonio hasta una semana antes del crimen, la brasileña Ángela A da C; el chofer Rafael S. G, y su antecesor, Manuel R., ambos cacereños, para los que el abogado de la acusación particular pide para cada uno un total de 48 años de prisión por dos delitos de asesinato (40 años), uno de allanamiento de morada (3 años) y otro de robo (5 años).

Por su parte el Ministerio Fiscal acusa de un delito de asesinato y otro de homicidio sólo a la asistenta, por lo que pide para ella un total de 33 años de cárcel, que se corresponden con 14 años por un presunto delito de homicidio y 19 por otro de asesinato. El fiscal no ha presentado acusación contra Rafael S.G ni contra Manuel R.

En el auto de apertura de juicio oral, la titular del Juzgado número 3 de Cáceres resolvió que la imputación de los tres acusados viene acreditada por el resultado de las diligencias de prueba, "que sitúan inequívocamente a Ángela A. da C. en el domicilio del matrimonio el día de autos" y arrojan "indicios de la posibilidad de que también se hallasen otra u otras personas"; y de las declaraciones de los propios imputados, "atribuyéndose entre sí la participación en los hechos".

Según señaló el Ministerio Fiscal en su momento, Ángela se dirigió a la vivienda del matrimonio posteriormente asesinado, Juan Antonio Torrecilla y Mercedes García de la Heras, donde trabajaba, sobre las 14.30 horas del día 21 de octubre de 2008 para reclamarles un dinero.

En el transcurso de la discusión que se produjo, la acusada, según el fiscal, cogió una navaja o un instrumento similar y atacó a Torrecilla, aunque finalmente la muerte se la produjo con un bate de béisbol. Luego, mató a Mercedes García con el fin de no dejar testigos, porque la esposa había presenciado lo sucedido pero debido a su estado de salud y medicación, no pudo huir del lugar.