El secretario general del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), José Miguel Pérez, cuestionó este lunes si la concesión del servicio de hemodiálisis por parte del Gobierno regional en los hospitales del Doctor Negrín de Gran Canaria y José Molina Orosa de Lanzarote, a la empresa Lifeblood, es "una nueva historia de corruptela en Canarias".

Instó a "los que fueron responsables principales" de la Consejería de Sanidad, dirigida antes por el PP, y "los que son ahora responsables" a "intervenir directamente en este tema y aclarar todo lo que tengan que aclarar". "He visto a alguien poner la mano en el fuego por otros o por otras y no sé si se la ha quemado o no", apostilló Pérez en un acto público.

El también presidente del Cabildo de Gran Canaria incidió en que el Grupo Parlamentario Socialista aún no ha recibido el expediente de la adjudicación provisional del concurso para su estudio.

En su opinión, "el Parlamento está para controlar la acción de gobierno" y éste "tiene toda la pinta de ser un escándalo más de gente que no aprende de las corruptelas. Es escandaloso que el Parlamento no pueda controlar esta acción, este escándalo que afecta a un sector muy sensible, al ámbito de la sanidad pública y donde una concesión lógica para un servicio esencial aparentemente no sólo puede haber sido manipulada, sino, además, hay indicios de que alguien se ha podido beneficiar, hasta el punto de vista de haber metido presuntas corruptelas".

"¿

De quién es la empresa?"

Pérez reconoció que aún sigue preguntándose "de quién es la empresa que ha obtenido la concesión, qué hace alguien vinculado al PP interviniendo en esta nueva concesión, si tiene acciones en esta empresa, si hay algunos individuos más que puedan tener acciones en esta empresa, y qué intereses tienen en el ámbito de la Sanidad". "Todo esto hay que averiguarlo y, si no, que se aclare y se acabó", añadió.

Según el líder de los socialistas canarios, "ahora lo que interesa es dar tranquilidad y seguridad", por lo que cuestionó por qué no se lleva dicho asunto a control parlamentario. Se preguntó, así, si "tan difícil es en la Consejería de Sanidad dar a conocer qué expedientes han montado para una concesión provisional determinada".