El sindicato ha destacado que Alicante, tras Barcelona, Valencia y Madrid es la cuarta provincia donde el Fogasa ha abonado una mayor cantidad. Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2010, la cantidad total ascendió a 76.878.000 euros en forma de salarios e indemnizaciones por el despido de los trabajadores llevado a cabo por las empresas de la provincia, de los cuales 28.332.000 euros corresponden a salarios y 48.546.000 euros a indemnizaciones.
A su juicio, esto demuestra que la indemnización por despido "no es el problema para el mantenimiento del empleo y reclama a las empresas que se supedite el reparto de beneficios al mantenimiento del empleo".
Además, el plazo medio de tramitación de los expedientes —desde que se registra el expediente en Alicante hasta que sale a Madrid— en la Unidad Administrativa Periférica de Alicante, ha pasado de los 40 ó 50 días de meses anteriores a casi 80 en la actualidad, fruto de la política de recortes del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Por ello, UGT ha hecho un llamamiento a la administración pública para que "se dote de más medios humanos y económicos y ejerza un mayor control de los expedientes de extinción de contratos de trabajos por despido objetivo en las empresas, en especial de las causas económicas".
La administración debe comprobar y cuestionar los casos de empresas que, aun habiendo obtenido beneficios, abren expedientes de regulación de empleo que conllevan extinción o suspensión de contratos de trabajo.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios