Contribuir a la seguridad jurídica internacional o fortalecer el Estado de Derecho se encuentran entre los principales objetivos del Centro Atlántico de Estudios (CAJ) compuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de Canarias y cinco países africanos, tales como Marruecos, Senegal, Mauritania, Guinea Ecuatorial y Cabo Verde.

El Gobierno canario y el CGPJ ya firmaron en julio la creación del CAJ, que tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, y este viernes, en un acto institucional, se adhirieron al mismo las cortes supremas de Marruecos, Senegal, Mauritania, Guinea Ecuatorial y Cabo Verde.

Previamente, en la mañana del jueves, 25 de noviembre, ya se celebraron unas sesiones previas de trabajo para diseñar líneas que contribuyan a fortalecer la seguridad jurídica internacional.

El objetivo con el que partió el CAJ era el de dotar a jueces, magistrados y funcionarios de una capacidad técnica y una formación jurídica adecuada para que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y gubernativas se conviertan en instrumento de un mejor nivel de acceso de los ciudadanos a la justicia.

Este centro tendrá su primer acto en abril de 2011 para cuando se prevé celebrar un seminario aunque el objeto del mismo aún está por definir.

La primera piedra

Por su parte, el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, señaló que con la adhesión de los cinco países africanos se pone la "primera piedra de un gran proyecto" con el que se pretende que dentro de una década se contribuya a la seguridad jurídica internacional.

Ruano incidió en que dicho Centro servirá principalmente a conocer la legislación de los países adheridos para contribuir a la cooperación. Añadió que "hasta ahora lo que ha existido es un desconocimiento".

Asimismo, apuntó que el Gobierno canario se va a encargar de "dar la logística necesaria" para desarrollar el CAJ, lo que servirá "de avanzadilla" de Europa.

En este sentido, señaló que la inclusión en el Centro está abierta para nuevas cortes supremas de otros países africanos, ya que se trata de un órgano que servirá para el intercambio de experiencias en el ámbito jurídico.

Por su parte, la portavoz del CGPJ en Canarias, Inmaculada Montalbán, subrayó que el objetivo del CAJ "no es suplantar" el ámbito de la justicia en cada uno de los países que forman parte del Centro, sino que pretende ser un "lugar de encuentro para debatir".

En cuanto a los representantes de los diferentes países africanos adheridos al Centro, coincidieron todos en que formar parte del CAJ les servirá para contribuir al fortalecimiento del sistema judicial.

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Cabo Verde, Arlindo Almeida, incidió en que el CAJ contribuirá a construir un "espacio atlántico de libertad".

Finalmente, el presidente de la Cámara Comercial de Mauritania, Amadou Ciré Ly, en representación de la Corte Suprema de su país, subrayó que el CAJ nace como la "voluntad de dos continentes, de dos pueblos, para crear una alianza y marcar el camino para el respeto de la humanidad".