El presidente del comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, Rafael Domínguez, ha lamentado este jueves que la cúpula provincial del PSOE promueva en su contra una demanda de conciliación civil por haber manifestado su "opinión personal" en cuanto a la posibilidad de que las dos prejubilaciones fraudulentas constatadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de 2003 y 2007 deriven de un sistema de financiación del PSOE. En declaraciones a Europa Press, Domínguez ha aclarado que no ha recibido ninguna notificación y ha recordado que tanto el PP, como algunos "columnistas" han barajado tal posibilidad acerca de las irregularidades investigadas sobre la anterior gestión del mercado central de abastos.

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 en el mercado central de abastos de Sevilla, de cuyo reconocimiento y financiación se desliga la Consejería de Empleo, figura entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la posible comisión de un delito societario a manos de los antiguos directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos imputados en estas actuaciones y en las otras dos líneas de investigación existentes en torno a la anterior gestión del mercado central de abastos. En concreto, aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había autorizado diversos libramientos para sufragar las prejubilaciones, cuyo coste global se eleva a 9.046.976,95 euros, la Consejería de Empleo entiende "huérfanos" de sustento jurídico los documentos firmados por Guerrero.

A tal efecto, las prestaciones implicadas en las prejubilaciones pactadas en el ERE han quedado paralizadas, toda vez que en las últimas semanas ha quedado confirmado que en dicho procedimiento figuraba, en calidad de aspirante a la prejubilación, un ya ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en el mercado central de abastos. Este hombre, Antonio Garrido Santoyo, ha dimitido de su cargo orgánico en el PSOE a la espera de que sean esclarecidas estas circunstancias, toda vez que el PP le relaciona con el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, asociado a su vez a la negociación de este expediente de regulación de empleo.

También en el ere de 2003

Además, tanto el comité de empresa como la propia sociedad mixta han confirmado que en el ERE de 2003, autorizado e incentivado por la Junta de Andalucía, figura como aspirante a la prejubilación una mujer identificada como María del Carmen Fontela González, quien como ha quedado constatado, nunca ha trabajado en el mercado central de abastos. Este extremo ha motivado que la Consejería de Empleo impulse una "investigación interna" para examinar todas y cada una de las prejubilaciones de este procedimiento al objeto de aclarar si existe alguna otra anomalía.

Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de esta compañía participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, había sopesado públicamente la posibilidad de que tras ambas prejubilaciones fraudulentas se ocultase una trama de financiación ilegal del PSOE, extremo que ha motivado que los socialistas sevillanos hayan promovido en su contra una demanda de conciliación civil previa a la querella. Ante las "falsas especulaciones e injurias" que el PSOE le atribuye, Rafael Domínguez ha considerado "alucinante" la maniobra del PSOE, porque antes que él, el PP y varios "columnistas" habían barajado también públicamente tal posibilidad.

De cualquier forma, ha asegurado que hasta el momento "no he recibido nada" y ha señalado que, una vez le sea notificado cualquier extremo respecto a esta demanda de conciliación civil, "lo consultaré con mi abogado y seguiré sus instrucciones".