Cerca de 110 empresarios y directivos acuden a la jornada para analizar la Ley de Morosidad, organizada por la CAEB

Cerca de 110 empresarios y directivos han acudido a la jornada, organizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), que tenía como fin analizar y el grado de cumplimiento de la nueva Ley de Morosidad -que entró en vigor el pasado 7 de julio-, y que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30, para los de las Administraciones públicas.

Cerca de 110 empresarios y directivos han acudido a la jornada, organizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), que tenía como fin analizar y el grado de cumplimiento de la nueva Ley de Morosidad -que entró en vigor el pasado 7 de julio-, y que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30, para los de las Administraciones públicas.

Según un comunicado, la jornada, que ha sido inaugurada por el presidente de CAEB, Josep Oliver, ha contado con las ponencias del director del Área de Financiación especializada de La Caixa, Sergio Sala, y el especialista en Financiación y Servicios de Empresas de la misma entidad, David Delgado.

Para Oliver, "los diferentes organismos del Estado no podrán cumplir con las obligaciones que fija la Ley, ya que, en la actualidad, nos encontramos con una Administración altamente endeudada que debe contraer su déficit".

Por esta razón, el presidente de la confederación ha aseverado que es necesario "una Administración más eficiente, más ágil y menos costosa", para poder dar cumplimiento a esta normativa sobre la morosidad.

En cuanto a la nueva regulación, ésta elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los estipulados por la ley, además de fijar unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30, en el caso de las Administraciones públicas.

Por otra parte, el periodo transitorio para las Administraciones y empresas privadas, excepto el sector de la alimentación y los productos perecederos -que quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos-, se extiende hasta 2013.

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