El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha dado luz verde, —con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP) y en contra de los grupos de la oposición, PSOE e IULV-CA—, a la venta del 49 por ciento de las acciones de la empresa municipal Aguas de Huelva a la empresa Aquagest por 25 años, por lo que está previsto que esta compañía se encargue de la gestión de este servicio a partir del próximo 1 de enero.

En declaraciones a los periodistas antes de la sesión plenaria, el portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Moro, ha indicado que esta operación supone la creación "de una empresa de economía mixta", de la cual todos los ciudadanos y los proveedores de Huelva "se verán beneficiados".

Asimismo, ha explicado que esta empresa, cuya gestión se llevará desde la sede de Aguas de Huelva en la capital onubense, ofrecerá "tecnología y recursos económicos" para poder prestar el servicio del ciclo integral del agua, y otros servicios, "con calidad".

Además, ha afirmado que la subida del agua en el próximo año de 2011 responderá a "la nueva Ley de Agua", promovida por la Junta de Andalucía.

No obstante, los portavoces de los dos grupos de la oposición han mostrado su rechazo a esta operación. La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar, ha afirmado que en este pleno se ha ratificado "el certificado de muerte" de la empresa Aguas de Huelva, ya que "dejará de ser una empresa de todos los onubenses".

Tobar ha recordado que, tras dos años "de lucha", el grupo municipal socialista se opone "a esta privatización" y ha lamentado "la sordera política" del alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez (PP). Ante esta situación, ha indicado que su formación volverá a presentar un recurso de reposición a esta operación, que considera que "atenta contra la economía onubense".

En esta misma línea, Tobar ha asegurado que si tras las elecciones municipales de 2011, el PSOE alcanza la Alcaldía, y "hay posibilidad de dar marcha atrás, una vez que se ganen las elecciones municipales, el PSOE haría que esta empresa volvería a ser municipal". No obstante, ha precisado que "todos somos conscientes de que se ha amarrado muy bien todo, por parte de la empresa Aquagest y el alcalde, para que sea muy difícil hacer de Aguas de Huelva, de nuevo, una empresa municipal". Pese a todo, "el PSOE ya está trabajando en ese sentido".

Por su parte, el portavoz de IULV-CA, Pedro Jiménez, ha resaltado que esta operación responde a la situación de "desastre económico" del Ayuntamiento, indicando además que "esta privatización no va a beneficiar a los ciudadanos" debido a que supondrá "un encarecimiento" de la factura del agua. Jiménez ha pedido que el montante que se consiga de este trámite se destine al pago de proveedores, asociaciones y colectivos, con los que el ente local tenga una deuda contraída.

Del mismo modo, el pleno municipal ha ratificado por unanimidad el convenio aprobado por la Junta de Gobierno local sobre el realojo y compromiso de adjudicación presupuestaria para la concesión de ayudas económicas a los vecinos de Las Metas —zona donde irá ubicada la futura estación del AVE—. Moro ha afirmado que se trata de "un compromiso" de ayuda por parte del Ayuntamiento durante todo el tiempo que los vecinos "con poco poder adquisitivo" tengan paguen el alquiler de los inmuebles de La Florida.

Por su parte, la portavoz socialista ha mostrado su satisfacción porque se dé respuesta a la demanda de los vecinos, pero ha recordado que "esto se podría haber hecho mucho antes", ya que habría ahorrado "mucho sufrimiento e incertidumbre" al colectivo. Al mismo tiempo, le ha recordado al alcalde que "aún tiene que trabajar para desbloquear la zona, donde hay naves que continúan trabajando" en los terrenos del AVE.

A este respecto, Jiménez ha aplaudido este acuerdo, ya que "por fin se resuelve el problema de diez familias, pero se podría haber hecho antes", y ha advertido de que la situación de las familias no tenía "nada que ver" con la llegada del AVE, el cual "tardará desgraciadamente en llegar".

Otro de los temas abordados en el pleno, ha sido la situación por la que atraviesan las palmeras de la ciudad por la plaga del picudo rojo. El concejal de Infraestructuras y Servicios Municipales, Felipe Arias, ha defendido que se pidan ayudas a la Administración autonómica para erradicar la plaga, que actualmente afecta a 150 palmeras de la capital.

El grupo municipal socialista ha votado en contra y ha argumentado que ya existe una legislación para pedir ayudas a este fin, y el grupo de IULV-CA se abstuvo en esta moción. Por su parte, Arias aboga por la puesta en marcha de un plan específico para las 5.000 palmeras de la ciudad, de manera que de forma preventiva se poden las mismas, 400 de ellas con fondos del Plan Proteja.

Por último, el pleno ha leído una declaración institucional de los tres grupos contra la violencia de género, así como ha aprobado la propuesta de una declaración institucional sobre la situación del Sáhara Occidental.