El expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, de cuyo reconocimiento y financiación se desliga la Consejería de Empleo y sometido a una investigación judicial, incluye dos nuevas "irregularidades" relativas a dos de las prejubilaciones, según el PP. En concreto, los aspectos denunciados por el PP parten de que esta compañía participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa incluyó en el procedimiento a un trabajador contratado en 2004, ya con 51 años, y con una relación laboral inferior a tres años, además de una autorización librada por el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas para añadir una nueva prejubilación cuando sobre el procedimiento había recaído ya la correspondiente resolución.

Según se desprende de la documentación facilitada por el PP y recogida por Europa Press, el trabajador de Mercasevilla Francisco R.B. ingresó en el mercado central de abastos el 13 de julio de 2004, cuando contaba ya 51 años de edad cumplidos y toda vez que los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 en Mercasevilla tenían como destino la reestructuración de su plantilla al objeto de rejuvenecer sus recursos humanos. Según un documento de la Administración de la Seguridad Social, este trabajador fue dado de baja en la compañía por última vez el 8 de octubre de 2007, acogiéndose luego al citado expediente de regulación de empleo.

En el segundo de los casos expuestos por el PP, todo parte de un documento firmado el 17 de mayo de 2007 por el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, quien actualmente figura como imputado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. En este documento, en concreto, Rivas autorizaba a la sociedad mixta a incluir en el ERE de 2007 a un trabajador identificado como José Antonio R.M. cuando diez días atrás su departamento había dictado ya la resolución correspondiente a este expediente de regulación de empleo.

Vida laboral

Este trabajador, según el PP, figuraba en la bolsa de empleo de Mercasevilla en el año 2006, si bien su vida laboral no estaría incluida en la documentación recabada por el Juzgado de Instrucción número seis, que investiga este procedimiento en el marco de las diligencias incoadas por un posible delito societario perpetrado por la anterior directiva del mercado central de abastos.

En concreto, este documento firmado por Antonio Rivas y recogido por Europa Press constituye una respuesta a una carta que le fue remitida el pasado 11 de mayo de 2007 por Fernando Mellet, por entonces director general del mercado central de abastos de Sevilla. Mellet, al igual que su director adjunto, Daniel Ponce, está imputado en las tres líneas de investigación promovidas por el Juzgado de Instrucción número seis en cuanto a posibles irregularidades en la venta de los suelos del mercado central de abastos, un presunto intento de cobro de comisiones ilegales y un supuesto delito societario, diligencias estas últimas en las que se incluye la investigación del ERE de 2007.

Mellet alega "un error"

De cualquier manera, la citada carta de Mellet advertía de un "error" en la relación de trabajadores acogidos al ERE de 2007, sobre el que cuatro días antes, el 7 de mayo de 2007, había recaído ya una resolución de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo autorizando la extinción de 63 puestos de empleo. Mellet alertaba en su escrito de que el trabajador José Antonio R.M. había sido "omitido" y de que habría de ser "variado" a 64 el número de trabajadores adheridos al procedimiento, cuyo coste se elevó finalmente a 9.046.976,95 euros y de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo.

Merced a la "conformidad" del comité de empresa de Mercasevilla hacia esta incorporación, Rivas resolvía finalmente autorizar a la sociedad mixta a "hacer extensiva" la resolución del 7 de mayo de 2007 a este trabajador, al objeto de que se acogiese al citado expediente de regulación de empleo. Los nombres de ambos prejubilados figuran en el documento que, el 16 de noviembre de 2007, formalizaba la división aseguradora del Banco Vitalicio para la cobertura de las prestaciones de 18 ex trabajadores de Mercasevilla, todo ello bajo la "conformidad" mostrada por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, en un documento librado el 5 de noviembre de 2007.

En este primer documento, como ya se había informado, figura el nombre del ex dirigente de la Ejecutiva socialista de Baeza Antonio Garrido Santoyo, incluido en el procedimiento de 2007 como prejubilado pese a que nunca habría trabajado en el mercado central de abastos de Sevilla. En cuanto al expediente de regulación de empleo de 2003, reconocido e incentivado por la Junta de Andalucía, el comité de empresa, la propia compañía y la Junta de Andalucía han confirmado que en el procedimiento se incluye, en calidad de aspirante a la prejubilación, a una mujer identificada como María del Carmen Fontela González, quien jamás habría prestado servicios en el mercado central de abastos.