El PP de Bizkaia ha denunciado que la rescisión del contrato de la concesionaria de los Túneles de Artxanda, en Bilbao, va a costar a los vizcaínos 65,3 millones de euros y ha planteado la liberalización del peaje, ya que las obras de construcción de la citada infraestructuras "parece que las vamos a pagar los vizcaínos vía impuestos".

La secretaria general del PP de Bizkaia, Esther Martínez, y el juntero y portavoz de los populares en materia de infraestructuras, Jesús Isai, han comparecido este miércoles en rueda de prensa para valorar la situación actual y futura de los Túneles de Artxanda.

Martínez ha recordado que el pasado 28 de octubre se aprobó en Consejo de Gobierno, fuera del orden del día, un acuerdo para resolver el contrato que se mantenía con la concesionaria para la construcción y explotación de los Túneles de Artxanda.

Este acuerdo de extinción, ha advertido, "supone que los vizcaínos nos vamos a hacer cargo de una deuda de la empresa concesionaria que asciende a 61 millones de euros".

Tras criticar el "clamoroso silencio mantenido por parte de los responsables forales" en relación a los "seis meses de negociaciones" que han precedido a este acuerdo, Martínez ha denunciado que "todavía no se han dado explicaciones" sobre el mismo en las Juntas Generales, a pesar de que la diputada foral de Obras Públicas, Pilar Ardanza, "dijo en su día que iba a comparecer en las Juntas Generales".

La responsable popular ha indicado que en el acuerdo para la rescisión del contrato "se establece que tanto la Diputación como la concesionaria están interesadas en poner fin a la concesión de mutuo acuerdo por resultar ello conveniente para la mejor tutela y defensa de los intereses generales". En ese sentido, ha emplazado a Ardanza a explicar en las Juntas Generales "de la conveniencia de este acuerdo que solo para comenzar supone que nos hagamos cargo de una deuda de más de 60 millones".

Además, ha advertido que el acuerdo establece una indemnización a la empresa de "62,5 millones de euros, lo que supone que no sólo nos hacemos cargo de su deuda viva, sino que pagamos por encima 1,5 millones de euros más", por lo que ha exigido también explicaciones "acerca de esta demasía porque queremos saber a qué se ha debido el establecimiento de esta indemnización y cómo se ha fijado esa cuantía".

"periodo transitorio"

Por otro lado, ha explicado que se establece un periodo transitorio de seis meses "prorrogable" hasta que la Diputación Foral de Bizkaia haya adjudicado nuevamente esta infraestructura, lo que supone "que cada mes de este periodo transitorio nos costará a los vizcaínos 300.000 euros".

Martínez ha indicado que, a todas estas cantidades, hay que sumar una cantidad de 995.000 euros "fijada también como indemnización a la concesionaria por su colaboración para facilitar la transición al nuevo periodo de prestación del servicio".

"Si hacemos la suma de todas estas cantidades, vemos que hacen un total de 65,3 millones de euros, de los que los vizcaínos nos hacemos cargo y, además, a esta suma se pueden ir añadiendo 300.000 euros mensuales si el periodo establecido como seis meses como transitorio se va a alargando, lo que puede ocurrir porque así está previsto", ha advertido.

Por todo ello, han pedido la comparecencia de la diputada de Obras Públicas, Pilar Ardanza, "para que explique en qué beneficia el acuerdo suscrito al interés general de Bizkaia". Además, ha solicitado tener acceso a toda la documentación de este expediente porque los populares se están planteando "el levantamiento de la barrera de los túneles".

Martínez ha explicado que "vía impuestos ya vamos a pagar los vizcaínos estos 65 millones de euros", a los que se suman "los 15,3 millones que en su día ya pagamos para acometer obras de mejora para la seguridad de los túneles". "Si además añadimos lo que hemos estado pagando desde su inauguración en concepto de peaje, parece que es una infraestructura que pagaremos en su totalidad vía impuestos y, además, con vencimiento anticipado, por lo que estamos estudiando pedir la liberalización del peaje".