El secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo, ha asegurado que la Ley relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía nace de un "deber moral y jurídico" hacia estas personas, que a su juicio son "el más nítido exponente y ejemplo de la voluntad colectiva de una ciudadanía que aspira a un futuro en paz".

Izquierdo, que ha intervenido en Torremolinos (Málaga) en las X Jornadas de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, ha explicado que esta ley es complementaria a la legislación estatal y con ella se pretende realizar un reconocimiento expreso a estas personas.

Se pretende de este modo "reparar y aliviar los daños sufridos" ofreciéndoles una "asistencia integral en todos los aspectos necesarios para que recuperen una vida normalizada". Para ello se establecen una serie de medidas asistenciales y económicas con las que atender las necesidades específicas de este colectivo.

El secretario general para la Justicia ha subrayado el acuerdo político y social con la que se ha gestado la norma autonómica, que se aprobó por unanimidad el pasado 27 de octubre en el Parlamento de Andalucía.

En este sentido, ha subrayado la contribución de las ocho principales asociaciones de víctimas del terrorismo a este texto legislativo y en especial de la entidad andaluza, que "realizó importantes propuestas y observaciones que fueron incorporadas al mismo".

La Consejería de Gobernación ha trabajado para elaborar la recién aprobada ley con la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la 11-M Afectados del Terrorismo, la Fundación Jiménez Becerril, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la región de Murcia y la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo.

Contenido del texto

De esta ley autonómica podrá beneficiarse cualquier persona que se encuentre empadronada en la región, ya sean víctimas directas o indirectas. Además, la normativa tiene espíritu retroactivo, por lo que también tienen cobertura para aquellas personas que se hayan visto afectadas por atentados con anterioridad a su entrada en vigor.

La puesta en marcha de esta normativa implicará a las consejerías de la Junta de Andalucía que estén implicadas en la aplicación de esta legislación las cuales formarán el Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.

Respecto a las indemnizaciones, se regulan las compensaciones por daños físicos o psíquico, se complementarán las cantidades concedidas por el Estado hasta en un 30 por ciento y también se abordan las reparaciones por daños materiales en viviendas y vehículos.

Uno de los aspectos más destacables de esta normativa es el relacionado con la asistencia social, dado que se aborda específicamente la cobertura de la dependencia, con sus correspondientes indemnizaciones, y se articulan medidas de asistencia en materia sanitaria, docente, laboral y de vivienda, tales como la asistencia médica, psicológica y psicopedagógica a alumnos o sus familias o el eliminar el requisito de tiempo de empadronamiento para poder acceder a una vivienda protegida, entre otras cuestiones.

También prevé la concesión de subvenciones a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afectados.