El fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga de Las Palmas, Javier García Cabañas, aseguró este viernes que un "alto" porcentaje de presos por tráfico de drogas en España podrán ver revisada su condena con la nueva reforma del Código Penal, de forma que podrían llegar a quedar en libertad a partir del 23 de diciembre, fecha en la que entrará en vigor el nuevo código.

Así lo manifestó el representante del Ministerio Público en el marco de las I Jornadas sobre la Reforma del Código Penal, que se celebran en el Edificio de Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria y en las que participan unos 120 expertos del mundo de la abogacía y la judicatura.

"Aunque el delito por tráfico de drogas no haya variado sustancialmente, el alcance de la reforma en esta materia va a ser muy importante", indicó Cabañas, según un comunicado de Juris Vegueta, encargada de la organización del acto.

Y es que en este nuevo código se rebajan las penas para los traficantes habituales de las sustancias que causan grave daño a la salud (como la cocaína, heroína o éxtasis).

Es lo que se conoce como la aplicación del principio de proporcionalidad a los efectos de rebajar condenas en supuestos de inferior gravedad, algo que era pedido insistentemente y de forma casi unánime por la mayor parte de los profesionales del sector.

Hasta seis años

Así, lo que en la actualidad es una pena de prisión de 3 a 9 años en las denominadas drogas duras (cocaína o heroína), pasa a una de entre 3 a 6 años.

Y para el caso de las denominadas drogas blandas (marihuana, hachís) se prevé la posibilidad de que la sanción sea inferior al año de prisión, cuando en la actualidad no puede bajar del año. De la misma forma, se elimina el agravante de introducir droga en territorio nacional, cuestión de gran importancia.

"Aproximadamente, el 70 por ciento de los presos que hay en España están cumpliendo condena por tráfico de drogas y muchos de ellos van a ver revisada su condena por la disminución de esta pena", indicó el fiscal.

"volver a tiempos muy remotos"

De igual manera, señaló que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ya se encuentra trabajando en ello a través de la elaboración de listados por parte de las diferentes prisiones con los presos que podrían acogerse a esta rebaja de la pena. "No comparto que hayan bajado las penas por este tipo de traficantes, pero es algo que tenemos que aceptar", sentenció.

Este viernes también intervinieron la fiscal delegada de Delitos Económicos Evangelina Ríos y el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Manuel Maza.

Ríos expuso ante el auditorio cómo afecta esta reforma a los delitos socioeconómicos y aquellos contra la Hacienda Pública. Por su parte, José Manuel Maza se centró en el "nuevo y sorprendente horizonte" de las medidas de seguridad post-delictuales tras esta reforma.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo criticó esta nueva revisión del Código ya que "tiene una serie de reflejos" que no le gustan, al considerar que "se trata de volver a tiempos muy remotos en la concepción del Derecho Penal, concibiendo éste como algo muy distinto" de lo que entiende que debe ser en un "Estado democrático y de derecho" como el de España.

Delitos informáticos y contra la libertad sexual

Igualmente, ayer, el magistrado presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón y el fiscal delegado de Delincuencia Informática, José Antonio Díez, fueron los encargados de abordar la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual y los delitos de delincuencia informática y pornografía infantil, respectivamente.

En opinión de Parramón, esta reforma "busca adecuar los tipos penales a la realidad social y lograr una mejor técnica jurídica, por lo que en este sentido es positiva y va por buen camino".

Sin embargo, indicó que "es cierto que hay una tendencia muy acusada por parte del legislador a buscar siempre la respuesta penal olvidándose de otro tipo de respuestas o medidas no punitivas que se desechan por suponer un mayor coste económico o por suponer un cierto desgaste político". "La respuesta del legislador es siempre el garrotazo y el tentetieso", sentenció.

Por su parte, el fiscal delegado de Delincuencia Informática, José Antonio Díez, explicó que "con esta nueva regulación, más detallada y precisa al contemplar figuras delictivas como el acoso cibernético, se pone de manifiesto la voluntad del legislador por atender todo lo referente a Internet y a aquellas conductas que puedan ser abusivas o perjudiciales para los menores y el resto de personas en general".

Con ello, cree que "hay una mayor protección por el incremento de estas figuras delictivas y sus penas".