El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha anunciado que su formación va a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra el Gobierno de la Nación por el "incumplimiento" del convenio de colaboración firmado en mayo de 2009 entre la Administración central y la Junta de Andalucía para desarrollar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo (2008-2012).

Durante su intervención ante los medios tras presidir en Sevilla una reunión sobre política de vivienda, Arenas ha indicado que existen en Andalucía 55.000 viviendas en construcción o calificadas y que, "de pronto, el Gobierno de España decide retirar las ayudas a las viviendas de protección oficial que están acordadas con la comunidad autónoma a través de un convenio".

Asimismo, el máximo dirigente del PP-A ha afirmado que el "incumplimiento" de ese convenio y los recortes en materia de vivienda van a perjudicar el derecho a la vivienda de 125.000 andaluces y poner en peligro 140.000 puestos de trabajo. "En términos económicos, lo que se pone en cuestión, de lo ya comprometido son 450 millones y si tenemos en cuenta todo el Plan Concertado de Vivienda y Suelo serían 1.200 millones", ha precisado.

Arenas ha lamentado que el Pacto de la Vivienda planteaba entre 2008 y 2010 la construcción de 90.000 vivienda protegidas y que hasta la fecha sólo se han entregado 22.000. En su opinión, existe un problema "brutal" de financiación, que se une al hecho de que se supriman beneficios fiscales, —como la desgravación para la primera vivienda—, las ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías, las ayudas para viviendas de familias numerosas y que se baje el presupuesto de la Junta de Andalucía para vivienda en un 65 por ciento.

El presidente del PP-A ha anunciado que su formación también va a presentar mociones en los ayuntamientos andaluces para certificar "la política de humo, de foto y de absoluta demagogia" del PSOE-A y del Gobierno andaluz en materia de vivienda. Según ha explicado, la Junta ha trasladado a las corporaciones locales su propia "incompetencia", pretendiendo hacerles "culpables" de su "caótica" política.

En esta línea, Arenas ha destacado que los ayuntamientos tienen la obligación legal, "sin medios ni financiación" de hacer en dos años sus planes de vivienda y de elaborar los registros de demandantes de empleo. "No podemos aceptarlo y vamos a plantarnos ante esta situación en vías política y, a la mínima que podamos, también en vías judiciales", ha explicado.

Por su parte, la responsable en materia de vivienda en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, ha recordado que ya hace dos años que se firmó un convenio de colaboración con las cajas de ahorro para conseguir que el Pacto Andaluz por la Vivienda fuera un hecho pero que el balance a día de hoy es que éste "no se ha cumplido". "En tres años sólo se han entregado el 24 por ciento de las viviendas comprometidas", ha apuntado.

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