La presidenta del Parlamento de Navarra, Elena Torres, ha apelado al "papel integrador" de las regiones para buscar una "salida duradera" a la crisis económica y social europea. Así lo ha expuesto en la VI Jornada del 'Aula de Derecho Parlamentario', celebrada en la Cámara foral, una sesión centrada en la situación de 'Europa después del Tratado de Lisboa', que ha contado con la participación de tres destacados conocedores del proceso de construcción de la Unión.

La presidenta de la Cámara ha sido la encargada de introducir y contextualizar el alcance del "nuevo marco institucional" derivado del Tratado de Lisboa, un texto que, "a punto de cumplir su primer año de vigencia", induce a sentar "estructuras competitivas capaces de hacer frente a los sistemas globalizados que nos rodean".

Torres ha instado a gestionar "eficazmente" los nuevos instrumentos de decisión para, de cara al "desarrollo de expectativas de crecimiento propias y compartidas", reforzar la "cohesión política, la pluralidad y el papel integrador de las regiones".

Ese, el que descansa sobre la "participación" de los poderes regionales y se articula en torno al "principio de subsidiariedad", es, a decir de Elena Torres, el "verdadero motor" del modelo comunitario.

"El papel integrador que, en base a su arraigo, desempeñan las regiones debe conducirnos al diseño una estrategia apta para hacer frente a la crisis económica, financiera y social. Una estrategia duradera que, fiel al espíritu europeísta, siga haciendo de Europa un espacio de libertades respetuoso con los Derechos Fundamentales", ha significado la presidenta.

Ángel Gómez Montoro, rector de la Universidad de Navarra, ha completado la presentación con una alusión a las "dificultades" que acompañan al Tratado de Lisboa, un decálogo que pese a la crisis, "principal barrera actual", ha puesto en marcha "reformas de calado".

"Es un buen momento para hacer balance y vislumbrar qué cabe esperar de su desarrollo, de su intención de propiciar una Europa social, no sólo económica", ha puntualizado.

Por su parte, Luis María Díez Picazo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido el primer ponente en formular sus impresiones en torno al proceso de integración europea.

Díez ha asegurado que el de Lisboa es "un Tratado de reforma de los tratados constitucionales de la Unión, cuyo objeto es salvar lo salvable del naufragio del Tratado Constitucional, tras el fracaso de éste en su proceso de ratificación en Francia y Holanda".

A decir del profesor Díez, la actual reforma política tiene su origen en el Acta Única Europea suscrito en 1986, la "primera reforma de envergadura" en los casi 30 años transcurridos desde el inicio del proceso de integración europea.

"Ese acuerdo supuso un impulso para ir más allá de la mera unión económica, pretensión que se acelera con los tratados de Maastricht (1992), Amsterdam (1997) y Niza (2001) y se concreta bajo la presidencia alemana en los últimos nueve meses de 2007", ha indicado.

En ese tiempo "récord" -ha precisado Díez- se recogieron en el Tratado de Lisboa "algunos de los aspectos fundamentales" de la non nata Constitución Europea, "no así el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los estados miembros. En definitiva, se salvó lo salvable y se hizo de un modo más modesto y discreto que en el caso de la frustrada Constitución", ha corroborado.

Antonio López Castillo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, ha lanzado una serie de "proyecciones críticas" en torno a la nueva configuración institucional de la UE, sobre todo en lo referido a los principios de "igualdad y legitimidad democrática", que a su entender dejan "mucho que desear".

Pese a ello, López Castillo ha asegurado que "se han producido algunos avances, de hecho los Parlamentos estatales, que habían quedado al margen, aparecen por vez primera no sólo como los que ratifican las reformas, sino como colaboradores necesarios en las tareas de desarrollo de la Unión. Se ha formalizado su presencia, lo cual tendrá relevancia en el futuro inmediato de la UE", ha pronosticado.

Y Antonio Pastor Ridruejo, catedrático emérito de Derecho Internacional Público y antiguo juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha resaltado la seguridad jurídica que, para el ejercicio y salvaguarda de los derechos fundamentales, supone del Tratado de Lisboa.

"El Tratado de Lisboa incorpora la Carta de Derechos Fundamentales de Niza (2001), lo cual es un paso importante en materia de seguridad jurídica, pues estamos ante un tratado jurídico vinculante, que conlleva la aceptación del Convenio de Roma. Hemos pasado a un sistema de seguridad jurídica reforzada que será efectivo una vez que entre en vigor la adhesión de la UE al Convenio de Roma", ha apuntado.

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