El Ayuntamiento de Santander ha enviado a la Delegación del Gobierno y la Dirección General de Costas la valoración de los daños ocasionados por el temporal, con el fin de que le sean reembolsados a través de la línea de subvenciones que ha aprobado el Gobierno central.

La concejala de Medio Ambiente, Carmen Ruiz, ha explicado que la valoración inicial de los daños ocasionados al patrimonio municipal asciende a 401.890 euros, que se solicitará que sean abonados al Ayuntamiento a través de la línea de subvenciones que el Gobierno central ha acordado otorgar a los damnificados por el temporal.

La concejala ha indicado que el Estado ha aprobado otorgar subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica a los damnificados por el temporal, por lo que el Ayuntamiento ha trasladado ya a la Delegación del Gobierno y la Dirección General de Costas la valoración de los daños sufridos, con el fin de acogerse a esta línea de ayudas.

En la orden dictada por el Gobierno central se establece que la ciudad de Santander ha sufrido intensas precipitaciones y rachas de vientos que llegaron a alcanzar los 100 kilómetros por hora, que han ocasionado daños "significativos" en la Segunda Playa de El Sardinero, donde el temporal se ha llevado unos 150 metros de la barandilla del paseo marítimo, ha arrastrado la arena a la calzada y ha obligado a acordonar esta área para evitar daños personales.

Por ello, el Estado establece que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con la asistencia de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas, efectúe con carácter inmediato las valoraciones de los daños susceptibles de ser resarcidos dentro de esta línea de subvenciones.

Asimismo, acuerda que la Dirección General de Protección Civil tramite "con la mayor brevedad posible" los procedimientos oportunos para la concesión de las ayudas y subvenciones que proceda conceder utilizando, en su caso, las posibilidades de tramitación urgente previstas en la legislación de procedimiento administrativo común.