El Parlamento de Cantabria aprobará por unanimidad la nueva Ley de Garantías de Derechos y Atención a la Infancia y la Adolescencia, tras el consenso alcanzado entre los tres grupos políticos durante la tramitación del documento.

El proyecto de ley ha superado este lunes el último trámite para su remisión al Pleno, el debate en Comisión, a la que llegaba ya consensuado por 'populares', regionalistas y socialistas.

El PP había presentado 64 enmiendas al texto, de las cuales, PSOE y PRC han aceptado 18. Otras 23 han sido retiradas y en las 23 restantes se ha llegado a acuerdos transaccionales.

Las ponentes de los tres grupos parlamentarios en la tramitación de esta ley, Marta Guijarro (PP), Matilde Ruiz (PRC) y Cristina Pereda (PSOE), se han felicitado del acuerdo logrado para sacar adelante esta ley que, según ha explicado Pereda, "pretende superar el viejo modelo asistencial" y permite alcanzar a los menores "el grado de ciudadanía que siempre les ha correspondido".

En esta línea, Matilde Ruiz ha señalado que el objetivo es "reconocer" los derechos de los niños y adolescentes "como parte activa de la ciudadanía", profundizar en su reconocimiento y orientar a las familias, a las personas responsables de su cuidado, a la sociedad en general y a los poderes públicos.

Por último, la 'popular' Marta Guijarro ha recordado la importancia que tiene la infancia para el PP, que ya en su día sentó un "precedente importante" en el ámbito de protección y defensa de los derechos de los niños y adolescentes con la ley del año 99.

Contenido de la ley

La Ley de Infancia y Adolescencia de Cantabria concreta algunos de los derechos recogidos ya en la legislación vigente y los adapta al momento actual, además de establecer los deberes de niños y adolescentes.

Se sustenta en cinco principios básicos, que pasan por reconocer como derechos de ciudadanía los de la infancia y adolescencia; un modelo de atención que prima los programas de implantación comunitaria; superar el viejo modelo asistencial basado en la protección; y entender que el interés superior del menor prevalece siempre sobre cualquier otro, teniendo en cuenta sus necesidades, derechos y opiniones.

Además, este nuevo modelo también considera que la atención educación y protección de los menores es una responsabilidad compartida por todos los agentes sociales.

Entre las novedades, la ley define las modalidades de atención a la infancia y adolescencia que prestan las administraciones públicas; en concreto, las acciones de promoción y defensa de sus derechos, programas de prevención e intervención en situaciones de desprotección infantil, así como actuaciones que promuevan la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo.

También hay un título dedicado a la intervención en situaciones de desprotección infantil, en el que se establecen los contenidos, principios, valores y distribución de competencias, así como la cartera de servicios.

Igualmente, incorpora un título para regular las intervenciones con los adolescentes sujetos a medidas penales, estableciendo una cartera de servicios específica.