En declaraciones a Europa Press, Antonio Amorós ha explicado que sus abogados habían solicitado la personación en el caso en calidad de "imputado", si bien ha precisado que no ha prestado en ningún momento declaración y que en el auto no se le acusa de "ningún delito".

Según el político socialista, el magistrado acepta lo que solicitó en septiembre a través de sus abogados para poder defenderse "de acusaciones interesadas y que se han vertido con intereses políticos" contra su persona. "El juez ha aceptado la única posibilidad que tenía para personarme, reconociendo que tengo derecho a conocer los hechos que todo el mundo sabía y conocía excepto yo", ha subrayado.

"Tengo que aclarar que el juez toma la decisión porque yo la pido y la pido obligado a conocer unas circunstancias donde muchas personas juegan con mi nombre y mi reputación", ha señalado el también concejal socialista en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), para quien el juez ha aceptado la "única vía" que tenía para personarse.

Asimismo, el diputado del PSPV en la institución provincial ha reiterado su inocencia y ha señalado que su actuación, en todo momento, "ha sido correcta en defensa de los ciudadanos y los intereses colectivos".

El pasado 10 de septiembre, días después de que el magistrado instructor levantara parcialmente el secreto de sumario del caso 'Brugal', Antonio Amorós presentó su dimisión como portavoz socialista a raíz de las informaciones publicadas que se hacían eco de que el político aparece vinculado al 'caso Brugal'.

No obstante, el ex portavoz de los socialistas en la Diputación de Alicante no dejó su acta de diputado provincial, ni la de concejal en el Ayuntamiento de Elche. Posteriormente, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, solicitó la suspensión de militancia para el político socialista.

El sumario del caso 'Brugal', al que ha tenido acceso Europa Press, recoge conversaciones entre Amorós y el empresario oriolano Ángel Fenoll, en referencia a la adjudicación por parte del Consorcio Provincial de Residuos del Plan Zonal XVII, correspondiente a la comarca alicantina de la Vega Baja.

Así, en un dictamen, el fiscal Anticorrupción ve la actuación del político constitutiva de un delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.