El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha reclamado al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, que apoye ante la Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, la petición de esta organización de creación de una Fiscalía Especial de Delitos de Ocio para la Comunitat.

Ibarra ha comparecido en rueda de prensa para presentar el Informe Especial Raxen que muestra los hechos relacionados con racismo, xenofobia, intolerencia y delitos de odio registrado en la Comunitat Valenciana entre 2008 y 2010 y que revela que esta autonomía es junto con Madrid y Cataluña donde más incidentes de este tipo se producen. Sobre este último año, recoge un total de 34 casos de homofobia, discriminación, violencia racista, hacia toxicómanos, neonazis, vandalismo ultra y abusos policiales, entre otros.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha estado acompañado en el acto por la presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, Amparo Sánchez; el portavoz de la plataforma Acció Popular contra la Impunitat, Toni Gisbert; Guillem Agulló, padre del joven con el mismo nombre asesinado en 1993, y el ciudadano senegalés Papa Balla, víctima de una agresión racista.

Ibarra ha anunciado el inicio de una campaña de recogida de firmas y de diversos actos de sensibilización para conseguir que en la Comunitat también se constituya una Fiscalía Especial similar a las que ya existen en Cataluña y Madrid, donde "están mostrando su eficacia frente a los grupos racistas y violentos".

Ha reivindicado que la creación de esta entidad "no es una excentricidad" puesto que en la Comunitat "no tenemos buenos instrumentos ni buenas herramientas" para luchar contra la intolerancia y ha remarcado que en esta autonomía se registran incidentes y hechos "sobrados" como para poner en marcha una iniciativa de este tipo.

Al respecto, ha señalado que el delegado del Gobierno "no puede minimizar ni trivializar" esta situación "como ha hecho hasta ahora", y ha apuntado que las víctimas "se sienten solas porque el calor de las instituciones no lo encuentran". Ha reclamado a Peralta que no "deslegitime" la petición de Movimiento contra la Intolerancia.

Ibarra ha indicado que si la Delegación de Gobierno les quita "veracidad" cuando hablan de la incidencia de los delitos de odio y discriminación en la Comunitat "lo más probable es que la Fiscalía no tome esa decisión porque puede interpretar que es una exageración lo que estamos diciendo".

La campaña comprenderá la recogida de firmas para reclamar la creación de la Fiscalía Especial, así como una concentración este sábado a partir de las 19.00 horas en la plaza de la Virgen de Valencia y la proyección en la tarde de este viernes en el Centre Octubre de Cultura Contemporània de un documental elaborado por la entidad en homenaje a todas las víctimas en España.

"situación de excepcionalidad"

Toni Gisbert ha indicado que el informe Raxen pone de manifiesto que la Comunitat Valenciana "vive una situación de excepcionalidad" no tanto por la cantidad de las agresiones registradas sino por la "impunidad con la que tienen lugar" y ha apuntado que muchas veces "no se dan las condiciones de libertad de expresión y de reunión que deberían ser propias y normales de una democracia".

El portavoz de Acció Popular contra la Impunitat ha apostillado que más allá de "palabras contra la intolerancia hay que luchar con hechos". Ha citado el caso de las "amenazas" y "agresiones" sufridas por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en su stand de la pasada edición de Expo Jove por parte de un "grupúsculo que ha contado normalmente con ayuda de las instituciones" sin que la autoridad municipal interviniera para contarlas "de raíz".

Al respecto, ha realizado una llamada a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para que estos hechos no se repitan en la edición de este año de Expo Jove.

A su juicio, una sola agresión debería ser "suficiente para que las instituciones reaccionaran de forma clara porque afecta a la calidad del sistema". "No entenderíamos que lo que se ha aprobado y está en funcionamiento en Madrid y en Cataluña no se sacara adelante" en la Comunitat "dada la realidad que los informes Raxen de los últimos años han denunciado", ha apostillado.

La presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia ha calificado de "importantísimo" e "indiscutible" contar con la "herramienta" de la Fiscalía Especial, ya que, según ha señalado, "igual que tenemos muy claros los discursos que incitan al terrorismo, por qué no tenemos tan claro cuando hay discursos que incitan al odio y a la marginación de personas", se ha preguntado.

Amparo Sánchez ha citado los casos de agresiones realizadas a la comunidad musulmana de Torrent (Valencia) y las amenazas recibidas por un abogado valenciano por prestar servicios a personas de esta religión.

Guillem Agulló ha lamentado que 17 años después del asesinato de su hijo "poquitas cosas han cambiado" y ha alertado, sobre el papel de las instituciones, de que cuanto "más tardemos en reconocer que somos víctimas de la intolerancia y de un fracaso de sociedad más cómplices seremos".

Por su parte, Papa Balla ha señalado que los inmigrantes que trabajan en la venta ambulante sufren el "racismo manifiesto" pero también el "racismo sutil" y ha reivindicado que el desarrollo de un país no se mide solo en el ámbito material, por su capacidad económica, sino también por su nivel de tolerancia.