El Ayuntamiento de Santander deberá abonar 407.895 euros a la empresa que realizó las obras de rehabilitación del Mercado de México. Así se acuerda en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que estima un recurso de la empresa, Probisa Tecnología y Construcción.

Según se explica en la sentencia, conocida este viernes, la compañía fue contratada para acometer las obras de remodelación del mercado y reclamaba al Consistorio el pago de cuatro facturas por importe de unos 407.000 euros.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander ya condenó al Ayuntamiento en abril de 2009 a abonar a la empresa tres de las facturas, pero rechazó en cambio el pago de la cuarta, la de impermeabilización del Centro de Iniciativas Empresariales, porque se contrató a través de la sociedad Santurban y no directamente por el Consistorio. Ahora, sin embargo, el TSJC revisa el fallo y reconoce la obligación del Ayuntamiento de pagar todas las facturas.

La administración municipal alegaba que los tribunales de lo contencioso-administrativo no eran el cauce para la reclamación, ya que al no ser Santurban una "empresa municipal", el asunto debería resolverse en todo caso en el ámbito civil.

Probisa, en cambio, aseguraba que sí era una empresa pública creada para gestionar un servicio público. Es más, recalcaba que su financiación procede "íntegramente" del Ayuntamiento y el Consejo de Administración está formado sólo por miembros del Consistorio.

Además, otra de las razones que aducía para reclamar esa factura al Ayuntamiento es que correspondía al mismo proyecto en el Mercado, que sí había contratado directamente el Ayuntamiento.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC asume las tesis de la empresa y, de hecho, explica que todas las facturas reclamadas se engloban en un proyecto de rehabilitación del Mercado.

A su juicio, no hay "motivo o justificación" para que la factura de impermeabilización "se desgaje y sea independiente" del resto de trabajos contratados directamente por el Ayuntamiento y, por tanto, concluye que se trata de una "gestión directa del servicio público" y, por lo tanto, susceptible de reclamarse por la vía de lo Contencioso-Administrativo.

En consecuencia, estima el recurso de la empresa y condena al Ayuntamiento a pagar las cuatro facturas más los intereses de demora.