La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, mediante un escrito elevado el pasado 21 de junio al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, ha negado "rotundamente, cualquier compromiso de pago" para con la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Tras interesarse la juez Mercedes Alaya por la "realidad del compromiso de pago asumido por la Junta de Andalucía", dicha alta instancia defiende respecto a este ERE que no le consta "ningún procedimiento con arreglo a las normas de derecho administrativo especial" y que los "meros actos de comunicación" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero son "huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

El pasado 13 de mayo, el Juzgado de Instrucción número seis emitía un auto en el que imputaba, por un presunto delito societario, a los ex directivos de la sociedad mixta Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, también involucrados en las diligencias incoadas por la misma instancia judicial en cuanto al supuesto intento de cobro de comisiones ilegales que ambos habrían protagonizado y las posibles irregularidades detectadas en el concurso público promovido por la compañía para desprenderse de los suelos del mercado central de abastos. En el mismo auto, recogido por Europa Press, la juez Alaya reclamaba a la Junta de Andalucía "información sobre la realidad del compromiso de pago que haya podido ser asumido" en cuanto al expediente de regulación de empleo de 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y al que se acogieron unos 40 empleados.

En estos momentos, las prestaciones de estos prejubilados han quedado en el aire, dado que la Consejería de Empleo se ha desligado de la financiación del expediente de regulación de empleo. En la documentación del procedimiento, no obstante, figura la Administración autonómica como principal fuente de financiación.

A tal efecto, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Rivera, ha elevado a la juez un escrito en el que niega "rotundamente, cualquier compromiso de pago". En este documento en cuestión, recogido por Europa Press, Rivera asegura que "no ha sido realizado abono alguno" por conceptos relativos al último ERE de Mercasevilla y advierte de que un "compromiso jurídico válido de pago" para un proceso de esta naturaleza requeriría, según la Ley, su sometimiento al "seno de un procedimiento administrativo conforme a la normativa de subvenciones aplicable a tal efecto".

"un tercero ajeno al contrato"

En ese sentido, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social asegura que "no existe en este centro directivo ningún procedimiento subvencional disciplinado con arreglo a las normas de derecho administrativo especial (...) que, culminando con una resolución o convenio administrativo, reconozca la subvención o ayuda descrita", en alusión al expediente de regulación de empleo de 2007. Así, esta alta instancia de la Administración autonómica alude a la póliza contratada por Mercasevilla con la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio, porque "ni desde la perspectiva estrictamente negocial privada puede vincularse a un tercero ajeno al contrato pagos del mismo sin que conste su firma y consentimiento.

A tal efecto, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social advierte de que los documentos firmados entre 2007 y 2008 por el que fuera responsable de este departamento Francisco Javier Guerrero, en cuanto a pagos comprendidos en el expediente de regulación de empleo en cuestión, son "meros actos de comunicación, huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio administrativo de otorgamiento subvencional". "Ha de afirmarse que la Consejería de Empleo no ha adquirido ningún compromiso de pago en relación a la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por Mercasevilla con el Banco Vitalicio", señala Daniel Rivera.