Convivencia Cívica Catalana ha presentado un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el reglamento de uso del catalán de la Diputación de Girona, ya que lo considera "inconstitucional", principalmente, porque "discrimina" el castellano.

El recurso se admitió a trámite el pasado 23 de septiembre y quiere impugnar el reglamento del uso del catalán en la Diputación de Girona, un texto aprobado por unanimidad —el PP no tienen representación en la corporación— el pasado mes de mayo.

Según Convivencia Cívica, el reglamento "excluye o limita" el uso del castellano en diferentes apartados de hasta 19 artículos, de los 28 que lo forman. Por ello, reclama que quince de los impugnados se consideren "inconstitucionales" y que se suspendan de manera cautelar.

El recurso llega después que este mismo grupo haya llevado ante los tribunales el reglamento de la Diputación de Lleida y que el PP haya hecho lo mismo con el del Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, el TSJC ha suspendido de manera cautelar algunos artículos de estos dos reglamentos a la espera de emitir una sentencia definitiva.

Convivencia Cívica considera que los quince artículos impugnados son "inconstitucionales", y toma como referencia la sentencia del Estatut dictada por el Tribunal Constitucional (TC).

Un ataque a la lengua

El presidente de la Diputación de Girona, Enric Vilert, ha calificado el recurso presentado por Convivencia Cívica Catalana de "un ataque más a la lengua propia", un ataque que surge como consecuencia de la sentencia del TC contra el Estatut, ha dicho, en una atención a los medios de comunicación.

Vilert ha afirmado que si el TSJC pide la suspensión cautelar del reglamento, en la Diputación de Girona "todo seguirá igual y no supondrá ningún cambio en la institución". La corporación ya ha presentado alegaciones al recurso.

El presidente también ha comentado que el reglamento está fundamentado en la norma institucional básica de Catalunya, el Estatut, y que sería necesario que las fuerzas políticas catalanas se sumaran en un Pacto Nacional por la Lengua "para evitar nuevos agravios contra la lengua catalana".

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