Cuatro de cada cinco empresas de Baleares podrían ser sancionadas con hasta 300.000 euros por infringir la Ley de Protección de Datos, dado que sólo un 17,4 por ciento cumple las obligaciones básicas en materia de protección de datos, como son la inscripción de sus ficheros en el Registro General de Protección de Datos.

Así lo revela el Estudio sobre cumplimiento de la normativa de protección de datos en las empresas españolas, en el que han participado un grupo de empresas consultoras, entre las que se encuentra Forum Gabinete Jurídico y Nuevas Tecnologías, bufete radicado en Palma, y que pone de manifiesto el "precario" estado de las empresas españolas en general y de las baleares en particular en relación con la protección de los datos que manejan.

El informe refleja que en peor situación que las empresas de Baleares únicamente se encuentran las de Cantabria (15,1 por ciento) y País Vasco (14,1 por ciento), mientras que, a nivel nacional, únicamente el 19,3 por ciento cumple las obligaciones básicas en materia de protección de datos.

De este modo, la mayoría de empresas de las islas y del resto de España podrían ser multadas por infracciones, como no informar de la incorporación de los datos a un fichero, no adoptar las medidas de seguridad de la información que manejan o no facilitar a sus clientes el ejercicio de sus derechos.

La solución, según los autores, pasa porque administraciones públicas, empresas y asociaciones colaboren en la difusión de la necesidad de cumplir una normativa con tanta trascendencia como la Ley de protección de Datos, con el fin de "garantizar el derecho constitucional al honor y a la intimidad personal, que está especialmente amenazado por el auge de las nuevas tecnologías en la Sociedad de la Información".