Jueces para la Democracia defiende la "exquisita corrección" de observadores ante las autoridades judiciales marroquíes

Jueces para la Democracia (JpD) ha condenado la situación vivida en la sala de justicia de Casablanca el pasado viernes en la que dos periodistas españoles, Eduardo Marín (SER) y Antonio Parreño (TVE), además de una delegación de observadores, fueron agredidos, y han recordado la "exquisita corrección y respeto" de los juristas internacionales ante las autoridades judiciales marroquíes.

En una sala marroquí estaba prevista la celebración del juicio oral contra activistas saharauis acusados de alta traición al Reino Marroquí. Con tal motivo, en la sala se encontraba una delegación de observadores internacionales, abogados, magistrados y juristas, entre ellos los letrados extremeños Martín Rodríguez y Matilde Parejo, del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz, junto a periodistas españoles.

Cuando debía iniciarse la vista, parte del público, entre ellos letrados marroquíes, comenzaron a gritar consignas impidiendo la celebración de la vista y agrediendo a la delegación de observadores, llegando a retener a parte de la misma, sin que el Tribunal protegiera ni a esas personas, ni a los acusados, ni intentara salvaguardar los mínimos para el desarrollo del acto con "unas mínimas garantías", según la versión de los agredidos.

"No queda más que mostrar nuestra solidaridad con las personas que han sufrido esa situación y esperar que los tribunales marroquíes no permitan más actos semejantes en las salas de justicia", ha explicado esta asociación en un comunicado.

Así ha recordado que la misión de los juristas se limita a seguir el desarrollo de los juicios y la observancia de los derechos fundamentales y garantías procesales. "Siempre han actuado con exquisita corrección y respeto ante las autoridades judiciales marroquíes, sin protagonizar ningún acto de protesta que no les corresponde", ha señalado.

Durante los últimos años, han formado parte de tales misiones de observación tanto abogados como magistrados y fiscales españoles, con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española. Para JpD, su labor "no tiene un cariz político sino jurídico, en aras de la defensa de los derechos fundamentales".

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