El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo (NC), ha asegurado que la decisión de devolver al Gobierno de Canarias las competencias de los centros de Taliarte y El Lasso —de atención a mayores y discapacitados— se adoptó porque "no había para pagar las nóminas", denunciando una disminución progresiva en las transferencias del Ejecutivo a la Corporación para el mantenimiento de estos centros.

"Esos centros son centros delegados del Gobierno de Canarias al Cabildo en 1997 a través de un decreto de delegación que el Cabildo nunca firmó. El personal y los centros son del Gobierno canario y el presupuesto para garantizar su mantenimiento tiene que ser satisfecho por el Ejecutivo", dijo durante una rueda de prensa.

Aquí, recordó que desde 2009, la Corporación insular detectó una disminución del presupuesto del 3 por ciento, enviando cartas a la consejera sobre este asunto aunque Quevedo puntualizó que ésta "nunca responde a las cartas que se le envían". En 2010, la disminución fue del 8,3 por ciento. "Volvimos a denunciar los mismo —añadió— y no hubo respuesta".

"¿Qué ha pasado este año? Este año se añadió un elemento que no es el mas grave cuantitativamente pero sí cualitativamente. No había para pagar la nómina de los trabajadores porque con lo que han transferido en el capítulo 1 no daba, de tal forma que esto desencadena una situación que combina la gravedad del déficit financiero (entorno a 3 millones de euros) más el drama personal que gente que trabaja con los más favorecidos", agregó.

Quevedo hizo especial hincapié en que tanto el centro de Taliarte como el de El Lasso han estado funcionando con estándares de calidad "muy altos" porque el Cabildo ha pagado "lo que no ha pagado el Gobierno".

"Hemos —continuó— trabajando casi hasta la irresponsabilidad, desde el punto de vista de Gran Canaria. Hemos pagado las facturas que no ha pagado el Gobierno y hemos buscado dinero de otros lugares para garantizar la estabilidad de las personas de los centros. El detonante de todo esto, es que en los presupuestos autonómicos de 2011 hemos detectado otra disminución del 8,4 por ciento en centros delegados".

Finalmente, entendió que ésto conllevo en la decisión de devolver los centros que no son competencia del Cabildo "porque es del todo inaceptable que un Cabildo le esté pagando las facturas, que ya van por 3,8 millones de euros, al Gobierno de Canarias".