Los presos británicos podrán volver a votar, después de 140 años de prohibición

  • El primer ministro británico dice estar "absolutamente horrorizado".
  • Cameron quiere evitar que voten los autores de delitos graves.
  • No levantar la prohibición supondría un alto coste en procesos judiciales e indemnizaciones para el Estado.
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron.
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron.
Oli Scarff / EFE
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron.

Decenas de miles de presos convictos en cárceles del Reino Unido podrán volver a votar en las elecciones generales, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarara ilegal un veto en vigor desde hace 140 años.

La cadena pública BBC informó este martes de que el Gobierno ha agotado todas las vías legales para evitar que los reclusos recuperen el derecho al sufragio tras la decisión del tribunal comunitario en 2005 y aseguró que a finales de semana se levantará la prohibición.

Según las fuentes del Gobierno citadas por la BBC, el primer ministro, el conservador David Cameron, está "absolutamente horrorizado" ante la perspectiva de que los presos que cumplen condena vuelvan a votar, pero reconoce que no hay otra opción.

Las fuentes aseguraron que Cameron quiere evitar al menos que se devuelva el sufragio a quienes han cometido delitos graves, como asesinatos, violaciones o abusos sexuales a menores.

Los expertos en derecho indicaron que no levantar la prohibición supondría un alto coste en procesos judiciales e indemnizaciones para el Estado, y que esta es la razón principal de aceptar cinco años después el fallo del Tribunal de Derechos Humanos.

La decisión será mal recibida en el seno del Partido Conservador, cuyos militantes son partidarios de la mano dura contra los reclusos, rechazan cualquier influencia de Bruselas en las políticas de ámbito nacional y exigen desde hace años que un texto británico sustituya a la actual Convención Europea de Derechos Humanos.

70.000 nuevos votantes

Las cifras oficiales indican que hay 70.000 presos actualmente privados del derecho al voto, consecuencia de una ley que data de 1870 y que fue posteriormente ratificada legalmente en 1983.

El eventual cambio legal es consecuencia de una demanda que presentó John Hirst, condenado por homicidio, ante el tribunal europeo, que falló que el veto a los presos es discriminatorio y va en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos.

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