La directora xeral de Comercio y presidenta del Instituto Galego de Consumo (IGC), Nava Castro, ha advertido este martes de que un total de 225.000 personas pueden estar pagando "sobreprecios" en su factura eléctrica, con un "recargo" de hasta un 22 por ciento anual.

Por este motivo, la alto cargo de la Consellería de Economía e Industria ha anunciado la puesta en marcha de una campaña informativa para los consumidores domésticos que tienen contratada una potencia inferior a 10 kilowatios. Así, se distribuirán más de 30.000 folletos en 139 oficinas de atención y asesoramiento, se prestará atención a través del teléfono gratuito al consumidor (900.23.11.23) y se dará información en la página web del IGC.

En rueda de prensa acompañada por la gerente del IGC, María Jesús Muñoz, Nava Castro ha precisado que la campaña está "especialmente dirigida" a los clientes con potencia contratada inferior a los tres kilowatios, a los pensionistas con prestaciones mínimas, a las familias numerosas y a los hogares con todos sus miembros en paro".

El objetivo, tal y como ha indicado, es facilitar a los consumidores información sobre la tramitación de la bonificación que, en el caso de clientes con contrato de suministro con una potencia inferior a tres kilowatios, su inclusión en el bono social "es automática". El resto de consumidores, en cambio, deben hacer su petición a la comercializadora.

Dicho bono social consiste en la "congelación" de la tarifa vigente hasta el año 2012 y, según ha apuntado la responsable de Comercio, las empresas tienen la obligación de comunicar la existencia de un bono social y de publicitar el procedimiento para su solicitud.

Campañas anteriores

Por su parte, la gerente del IGC ha recordado que, a comienzos de agosto, el departamento que dirige Javier Guerra puso en marcha una campaña informativa para explicar a los usuarios con una potencia eléctrica contratada superior a los 10 kilowatios de los "sobrecostes" que podrían estar pagando por no tener contratado su suministro con una empresa comercializadora en el mercado libre.

En esta situación, tal y como ha señalado, podría haber en Galicia unas 13.000 personas —entre particulares, ayuntamientos, pequeñas y medianas empresas—, que estarían pagando "recargos" de entre el 20 y el 40 por ciento de su facturación.