La presidenta de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño, ha explicado que existe un acuerdo que contempla los "principios básicos" entre las siete corporaciones insulares para reclamar al Gobierno de Canarias las partidas procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF), pero que cada institución presentará su recurso de forma individual.

González Taño ha detallado en declaraciones a Europa Press que la Fecai no tiene capacidad de presentar una demanda "conjunta" de los siete cabildos y que salvo el de El Hierro y Lanzarote el resto de cabildos preparan sus recursos. "Están en trámite", dijo para añadir que habrá que esperar a que cada cabildo presente sus reclamaciones.

El Cabildo herreño defiende que los recursos provenientes del REF son "exclusivamente" de las Islas, tal y como recoge el artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Canarias, lo que beneficiaría a cabildos y ayuntamientos, al eliminar de las arcas del Gobierno autónomo el 42 por ciento que se atribuye en la actualidad.

Este argumento sustenta la demanda que ha presentado la Corporación herreña ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que reclama que el Gobierno de Canarias le garantice, al menos, lo recaudado en 2002 por tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF), tal y como establece la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 9/2003 de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias.

Tras El Hierro, el Cabildo de Lanzarote ha impugnado la Resolución Número 41 de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea (UE) del Gobierno de Canarias, de fecha 5 de agosto de 2010, y que hace referencia a la liquidación definitiva de los recursos que integraban el REF de Canarias recaudados en 2009. De este modo, Lanzarote también se une a la petición de gestionar el 100 por 100 de los fondos provenientes del REF y no del 42 por ciento como se pretende desde el Gobierno regional.

Ante esto, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha informado recientemente que se trata de un "tema jurídico, que habrá que estudiar". "No nos podemos pronunciar", se limitó a decir Marrero aunque sí pidió "comprensión y trabajo conjunto" a los cabildos.