Las personas procesadas en el sumario contra Udalbiltza de la izquierda abertzale han asegurado que "sólo esperan una sentencia, la absolución" porque "ha quedado probado que no ha existido ningún delito" en su actuación, ya que son "actividades políticas públicas y legítimas en beneficio de Euskal Herria las que se están pretendiendo criminalizar".

Algunos de los imputados en el caso Udalbiltza han ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián, donde han insistido en que ha quedado probado que Udalbiltza "no ha estado ni bajo las órdenes de ETA, ni de ninguna otra organización" y han reclamado su absolución porque "no hay víctimas ni perjuicio causado" por su actividad.

En ese sentido, han reiterado que "no se pueden penalizar las vías y proyectos que se articulan para el trabajo de colaboración entre representantes legítimos de la ciudadanía, para la construcción y desarrollo de un pueblo y para profundizar en la democracia" y, en su opinión, penalizar un proyecto como el suyo "es incompatible con la democracia".

A su juicio, lo que ha quedado probado en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional es que la actividad de Udalbiltza ha sido "totalmente pública y legítima, incluso examinada desde el punto de vista de la legislación española" y que la asamblea de electos "no nació contra nadie, sino a favor de Euskal Herria".

"labor pacifica"

Tras insistir que Udalbiltza ha realizado su labor "de forma pacífica, sin exclusiones, buscando la inclusión de todas las sensibilidades de Euskal Herria y con el fin de buscar soluciones al largo conflicto que sufre nuestro país basadas en el respeto de los derechos de todas las personas".

Por ello, han denunciado que las acusaciones "han pretendido ocultar esta realidad, negarla, y presentar a Udalbiltza como una institución integrada en la estructura de ETA". "En los informes que la Policía Española presentó, pretendiendo que tengan carácter de informes periciales, no hemos encontrado sino prejuicios; argumentos hilvanados sin estar sustentados en prueba alguna con el fin de llegar a una conclusión establecida de antemano", han remarcado.

En su opinión, éste ha sido un juicio "contra los derechos civiles y políticos" y ha buscado "penalizar el derecho de reunión, el derecho a ser elegido democráticamente como representante de la ciudadanía y el derecho a impulsar una actividad institucional derivada de esa representación".

Las personas imputadas han agradecido las iniciativas institucionales, sociales y/o populares de solidaridad "que se han puesto en marcha fuera y dentro de Euskal Herria" y han considerado que están siendo "un ejemplo de colaboración" que desean que "se reproduzca en el futuro en torno muchos otros temas".