La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha anunciado, tras presidir su primer Consejo Interterritorial de Dependencia en el cargo, que los dependientes de Grado I Nivel 2 que se incorporarán al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) el próximo 1 de enero, podrán recibir una ayuda económica de hasta 180 euros para cuidados familiares y 300 en prestación vinculada al servicio, aunque con una serie de restricciones que limitarán el acceso a las ayudas para promover que acudan a los recursos.

Fuentes ministeriales informaron a Europa Press de que el acuerdo ha contado con el respaldo de todas las comunidades autónomas a excepción de Canarias, La Rioja y Valencia, que se pronunciaron expresamente en contra durante la reunión, y Catalunya y Navarra, que se abstuvieron.

Según ha explicado Pajín en rueda de prensa con el secretario General de Política Social, Francisco Moza Zapatero, el acuerdo alcanzado con los consejeros autonómicos del ramo establece que sólo podrán acceder a la prestación económica aquellos dependientes moderados de nivel 2 que estuvieran siendo atendidos por sus familiares antes de pedir las ayudas y no pudieran acceder a un servicio por la inexistencia de recursos públicos o privados.

Además, se impone que la persona cuidadora viva con el beneficiario y que no tenga reconocida una situación de dependencia. El acuerdo establece también que si el dependiente moderado estuviera recibiendo un servicio de los previstos para su grado y nivel, en la resolución de concesión de prestaciones se deberá mantener con el mismo número de horas. En caso de ser incompatible con la prestación económica, se prescindirá de ésta.

"Hemos priorizado los servicios frente a las prestaciones económicas", ha explicado Pajín, para incidir en que con estas exigencias se limitará el número de dependientes moderados que reúnen las condiciones para acceder a la ayuda monetaria, conforme han venido demandando los agentes sociales, las comunidades autónomas y los distintos implicados en el sector.

En concreto, dado que son dependientes moderados, se trata de promover su autonomía personal por lo que los servicios que se ofrecerán irán desde la habilitación y terapia ocupacional a la estimulación cognitiva, pasando por atención temprana, apoyos personales y cuidados en viviendas tuteladas.

Además, se proporcionarán servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, conforme ha señalado Pajín, aunque se incluyen también la teleasistencia, la ayuda a domicilio y las plazas en centros de día y de noche.

Respecto a posibles problemas de financiación habida cuenta de la crisis económica, Pajín ha asegurado que los dependientes de grado I tienen la "garantía de la voluntad política" de que, pese a la crisis económica, no se va a dejar a los "más vulnerables" fuera de la protección de las administraciones públicas, y ha avanzado que tanto el Parlamento como las comunidades autónomas y el propio Gobierno están "avanzando en incorporar instrumentos que permitan financiar mejor el sistema".

Asimismo, Pajín se ha referido a la evaluación del SAAD que contempla la Ley y que debería realizarse este año para asegurar que han comenzado los trabajos. "Iniciaremos de forma inmediata las reuniones técnicas precisas para consensuar como se va a elaborar", ha señalado.