La presidenta de los Protésicos de Murcia, Carmen Cano, ha recurrido una sentencia del Juzgado de Lo Penal número 1 de Murcia que la condenó a la pena de 12 meses de multa por una cuota diaria de 20 euros por un delito de intrusismo profesional, porque, según ha explicado su letrado, Juan Murall, "no hay una verdadera prueba de cargo y se basa en normas derogadas".

"Además", continúa el abogado, "en la sentencia existe una total falta de concreción de los hechos probados y a mi defendida se le atribuyen hechos como constitutivos de delito que el protésico puede realizar por Ley y por jurisprudencia".

Así, continuó, lo ha reconocido el Tribunal Supremo en una sentencia donde pone de manifiesto que son los pacientes quienes deben elegir libremente al protésico dental y pagarle directamente su factura, "ya que los dentistas no pueden facturar las prótesis dentales ni contratar por su cuenta a un protésico dental concreto".

A juicio del letrado, "está claro que el TS aboga por la independencia y capacidad plena del protésico dental en relación a los odontólogos, pues una vez que el protésico recibe la prescripción, es totalmente responsable y capaz de su trabajo, pudiendo relacionarse con el paciente directamente".

Los hechos que se atribuyen a Cano como constitutivos de delito, añadió en rueda de prensa, "puede realizarlos el protésico por Ley y por jurisprudencia". "Es una pena que se permita al odontólogo 'cazar' a los protésicos", subrayó.

Al hilo, la coordinadora del Sector de Profesionales de la Salud de UPTA España, Mamen Martínez, ha manifestado su apoyo al colectivo porque "si las clínicas dentales no cumplen la ley, los protésicos nunca gozarán de plena libertad para su ejercicio profesional, lo que va en contra de las directivas que marca la Unión Europea y de la Ley Ómnibus".

A su parecer, "es una causa justificada porque se están vulnerando sus derechos". De hecho, apuntó, "el 80 por ciento de los protésicos son autónomos, pero no tienen la capacidad suficiente para llevar a cabo su trabajo porque se está coartando su derecho a trabajar de manera libre e independiente".

Tras lo que sugirió a las Administraciones públicas que "se muevan un poco y piensen en una fórmula mediante la cual los odontólogos prescriban las prótesis dentales y no se puedan negar a prescribir", porque, desde su punto de vista, "están vulnerando la libre competencia".

La historia "es más simple"

La historia "es más simple", explicó la presidenta del Colegio de Protésicos Dentales de Murcia y de la Asociación Nacional de Protésicos Dentales Autónomos (Anprodenta-UPTA), Carmen Cano, todo comenzó cuando una señora fue a su laboratorio porque deseaba que le hiciera una prótesis de quita y pon y ella le informó de que tenía que traer una prescripción del dentista para poder hacerla, "ya que es obligatorio".

"La paciente", según palabras textuales de Cano, "dijo que antes tenía que sacarse una muela" por lo que le aconsejó que fuera a la Seguridad Social, y de paso, que el dentista le hiciera la prescripción.

Según sus declaraciones, el dentista de la Seguridad Social le sacó la muela y no quiso prescribirle, por lo que esta señora le trajo la prescripción de una clínica privada y Cano le confeccioné la prótesis.

Posteriormente, el dentista de la Seguridad Social se negó a prescribirle la prótesis porque "yo era una delincuente y mi local no reunía las condiciones de higiene". Inmediatamente, explicó, "me querellé contra el dentista por injurias y calumnias y, por supuesto, salió condenado".

"El presidente del Colegio de Dentistas, Oscar Castro", continuó Cano, "me denunció ante la Consejería de Sanidad de Murcia y, en consecuencia, fui inspeccionada y les entregué esa prescripción y otras que presuntamente fueron cedidas al presidente del Colegio de Dentistas".

Según le han contado algunos de los odontólogos que hicieron esas prescripciones, "el Colegio de Dentistas se puso supuestamente en contacto con ellos y les solicitó que no volvieran a prescribir más prótesis dentales. Desde entonces, como no prescriben, no puedo mantener mi negocio".

"Tras esto", expresa, "Óscar Castro y Sanidad me pusieron sendas querellas idénticas por delito de intrusismo, y el caso fue archivado en las dos ocasiones ya que, como presenté la prescripción y toda la documentación en regla, no existían indicios de criminalidad".

"La sentencia dice que yo diagnostiqué a la señora que se sacara la muela en la Seguridad Social, aunque lo que realmente pasó es que ella me dijo que se tenía que sacar una muela y la remití al odontólogo de la S.S.".

"La condena también se basa", prosigue, "en que la dentista que prescribió la prótesis declaró que lo que hizo no es una prescripción, sino un informe". En su opinión, comenta la presidenta, "creo que la guerra abierta que el Colegio de Dentistas mantiene obedece a que soy la única en esta Región que lucha públicamente para que dejen de revenderse las prótesis en las clínicas dentales, ya que lo dicen las Leyes y el Tribunal Supremo".

"soy completamente inocente"

"Obviamente", concluye, "soy completamente inocente". Al tiempo que se pregunta "no me hubiera sido más fácil sacarle la muela a la señora yo misma y haberle hecho la prótesis directamente sin ninguna prescripción, en lugar de decirle que fuera a la Seguridad Social para que se lo hiciera el dentista, que es quién tiene que hacerlo".