El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, ha mostrado su "pleno convencimiento" en que la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana "va a asumir como propio el proyecto de Oficina Judicial", al ser preguntado por el refuerzo de 20 funcionarios necesario para esta nueva estructura judicial.

De hecho, Martínez Moya anunció que, en los próximos días, la sala de Gobierno del TSJRM va a mantener una reunión con el consejero de Justicia, Manuel Campos, y entre los temas a tratar se encuentra el refuerzo y la necesidad de llevar a cabo una transición con ocasión de las transferencias de Justicia.

En este sentido, Martínez Moya dijo estar "a la espera" de ver las propuestas de la Consejería a este respecto, aunque apostó por "plasmar la colegiación de esfuerzos de todos los operadores jurídicos implicados".

El presidente del TSJRM hizo estas declaraciones antes de participar en la constitución de la Comisión Territorial de Calidad de la Oficina Judicial, en un acto al que asistió la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, el Fiscal Superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, y el secretario de Gobierno, Javier Parra, entre otros.

"filtro de calidad"

Esta Comisión, según Martínez Moya, es el órgano encargado de desplegar el sistema de evaluación y mejora continua de la Oficina Judicial, así como de planificar y realizar las auditorias internas, establecer los mecanismos de evaluación de satisfacción de los usuarios de las Oficinas Judiciales e implantar los sistemas de quejas, sugerencias y reclamaciones.

La Comisión surge con un carácter permanente y se reunirá con una periodicidad bimensual, incluso después de quedar implantada la Oficina Judicial, que es el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia y cuyo despliegue está previsto para comienzos de noviembre.

La Oficina estará integrada por un representante del Ministerio de Justicia, el secretario de gobierno, el secretario coordinador provincial, los directores de los Servicios Comunes Procesales, un representante de la Unidad Procesal de Apoyo Directo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el juez decano y el fiscal superior de la Comunidad Autónoma correspondiente, su misión es promover la implantación del sistema de calidad en la Oficina Judicial y el cumplimiento de sus objetivos.

Parra determinó que el objetivo de esta Comisión es "normalizar las actuaciones judiciales, de forma que existe una comisión que pueda establecer los mecanismos de auditoria interna y externa". En definitiva, indicó, se trata de "sustituir la buena voluntad por una normalización en el funcionamiento, una homologación de criterios que conduzca en un futuro no muy lejano a lo que se llama gestión de calidad que conocemos ya en otras empresas públicas".

En este sentido, precisó que se trata de "trasladar, a través de una comisión que pueda monitorizar el funcionamiento y la gestión de calidad aplicada a la Oficina Judicial, en el segmento de funcionamiento administrativo o procesal, no en el jurisdiccional".

Por su parte, Hernández ratificó que esta comisión "se enmarca dentro de una de las múltiples actividades desempeñadas de acompañamiento del modelo organizativo". Concretamente, esta comisión "persigue implantar un sistema de gestión de calidad en el nuevo modelo en la nueva Oficina Judicial".

Reivindicaciones sindicales

Martínez Moya afirmó que la misión de esta Comisión "no va más allá de lo que significa un tratamiento de ideas y buscar uniformidad en determinadas prácticas procesales, pero que lógicamente tiene que pasar por filtros de buena articulación con los órganos de gobierno de los tribunales, en este caso, de la sala de Gobierno y, en su caso, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

"Es un grupo de trabajo en el que estamos todos los implicados en la implantación de este nuevo modelo de racionalización", según Martínez Moya, quien consideró que el grupo "llena el contenido de la colegiación de esfuerzos, porque la Oficina Judicial es una cosa de todos que debe funcionar y que es el motor que llama a otras transformaciones de modernización de Justicia".

Hernández destacó que, de momento, todo el proceso de implantación de la Oficina "transcurre con normalidad", aunque Martínez Moya admitió que "todo proceso de gestión del cambio deba venir acompañado de críticas, de autocrítica, de propuestas, de informes y, sobre todo, de estar todos en la mesa".

El presidente del TSJRM contestó de esta forma al ser preguntado por la concentración convocada por unanimidad por la Junta de Personal de la Administración de Justicia, integrada por los sindicatos CCOO, CSI.F y UGT a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia para exigir "más diligencia" en la implantación de la Oficina Judicial, cuya puesta en marcha, criticaron, "se está llevando a cabo con prisas e irregularidades".

Al respecto, Martínez Moya dijo que "los tiempos en la implantación de nuevos sistemas y modelos de organización judicial, evidentemente, deben llamar a la convergencia, y el modelo de Oficina Judicial en la ciudad de Murcia se ha diseñado en unas áreas jurisdiccionales muy concretas donde ha respondido a la existencia de espacios arquitectónicos y edificios judiciales que permitían la implantación de la Oficina Judicial".

Así pues, matizó que este modelo "no se ha extendido a otras jurisdicciones", y anunció que, el siguiente paso "son los tribunales de instancia".