El PSOE de Castro Urdiales ha señalado al PP como "copartícipe directo de la actual situación caótica del Ayuntamiento" castreño por no haber aceptado "la mano tendida" de los socialistas y no sumarse al pacto para cambiar el Gobierno local.

Tras conocerse el nuevo auto judicial por el que se retiran las competencias de urbanismo, personal y contracción al alcalde, Fernando Muguruza; las de urbanismo y contratación al concejal José Miguel Rodríguez López y la delegación especial a Salvador Hierro, el PSOE ha criticado que Castro tiene "un gobierno en minoría, sin rumbo y cada vez más debilitado" y ha lamentado que no es eso lo que "merecen" los ciudadanos.

En un comunicado, el secretario general del PSOE castreño, Daniel Rivas, recuerda que los socialistas intentaron formar un gobierno "de progreso" para Castro y a lo largo de toda la legislatura han estado "dispuestos a llegar a acuerdos" para cambiar el equipo de Gobierno. Sin embargo, lamenta que "nunca" han encontrado el apoyo para lograrlo.

Rivas alude en este sentido el pacto que ofrecieron a PRC y PP, ante el cual los 'populares' "miraron hacia otro lado, eludieron su responsabilidad y abandonaron a los ciudadanos en manos del Gobierno de Muguruza".

"El PP no aceptó la mano tendida del PSOE, primando sus propios intereses frente al interés general de los ciudadanos", señala el secretario de los socialistas castreños.

En cuanto al alcalde, Daniel Rivas lamenta que responda al auto judicial buscando "culpables" fuera del Ayuntamiento y demostrando su "odio visceral" al PSOE. A su juicio, "intenta de nuevo desviar la atención y tomar el pelo a los ciudadanos de Castro".

En su opinión, si los hechos relatados en el auto son ciertos, por lo que debería preocuparse Muguruza es por el "grave perjuicio" causado al patrimonio municipal, "el caso omiso a resoluciones judiciales firmes, la presunta ocultación de pruebas e indicios de manipulación de los expedientes, así como el presunto acoso a testigos".

Por último, Rivas muestra su "respeto absoluto" a la justicia, defiende la presunción de inocencia y reivindica la separación de poderes. Por eso, subraya que la justicia debe ejercer su trabajo "sin injerencias de ningún tipo" y los políticos deben preocuparse por los ciudadanos y por una gestión eficaz de los recursos públicos "sin interferir en decisiones judiciales".

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