La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Aborto (ACAI) ha hecho este miércoles públicas las conclusiones del IX Congreso de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Anticoncepción (Fiapac), entre las que ha resaltado, para el caso español, la necesidad de que el acceso al aborto provocado "sea realmente una prestacion sanitaria equitativa, segura y gratuita en todo el territorio español".

Entre las conclusiones recogidas en este IX Congreso de la Fiapaca, que se ha celebrado recientemente en Sevilla y que ha acogido a más de 600 profesionales procedentes de 53 países, destacan también, según los participantes, el hecho de que "cada día se producen 54.000 abortos inseguros en el mundo".

De igual modo, se han apoyado en datos de la OMS, que revelan que "60.000 mujeres mueren cada año en el mundo como consecuencia de estas interrupciones inseguras". Por ello, han defendido el acceso a un "aborto seguro y regulado legalmente", lo que a su entender "reduciría drásticamente la mortalidad y morbilidad materna".

Agregan que la reducción de los embarazos no deseados pasa también por la implementación de la educación sexual y el acceso a la contracepción segura, por lo que tanto la Fiapaca como ACAI se han referido a la necesiad de generalizar el uso de métodos anticonceptivos.

Caso español

Por ello, los participantes a este IX Congreso de la Fiapac han solicitado al Gobierno español y la sociedad en general que desarrollen "políticas" de mejora de la prevención de los embarazos no deseados y se "consolide" la calidad de la prestación de Aborto Provocado.

Así, han vuelto instar, ahora a la nueva titular de Sanidad, Leire Pajín, a que elabore el reglamento "que desarrolle en su totalidad" la ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, "sin marginar, ni la educación sexual, ni el acceso a la contracepción, ni la prestación sanitaria del aborto provocado". Para ello, han pedido que se destinen "los recursos económicos que sean necesarios".

La FIAPAC considera también que los profesionales sanitarios "están obligados éticamente" a facilitar las prestaciones médicas legalmente establecidas, "así como a atender prioritariamente las necesidades básicas de sus pacientes, por encima de sus creencias morales privadas".

Resolución del consejo de europa:

"un paso atrás"

Así, entiende como "un paso atrás en la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" la resolución del Consejo de Europa que avala la objeción particular de todo el personal sanitario y médico frente a la prestación de aborto provocado, "intervenga o no directa o indirectamente en el proceso".

"Los profesionales consideramos que esta resolución, que deja de nuevo la decisión de la mujer en manos de las convicciones morales y éticas de terceros, contribuirá a mermar la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres", han zanajado.

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