La Junta ha presentado el recurso contra la CHS porque se opone a que se "mercadee" con el agua

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha dicho, en relación al recurso que ha interpuesto la Junta contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que "no podemos estar en el mercadeo de algo tan importante como es el agua".
Isabel Rodríguez
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JCCM/EP
Isabel Rodríguez

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha dicho, en relación al recurso que ha interpuesto la Junta contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que "no podemos estar en el mercadeo de algo tan importante como es el agua".

Preguntada al respecto durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, Rodríguez ha explicado que se trata de un recurso contra la negativa de la CHS a que Castilla-La Mancha participe en la tramitación de contratos de cesión de derechos de agua, localizados en Hellín y para regadíos de Murcia.

"Hasta ahora ningún tribunal nos ha negado a la Junta de Castilla-La Mancha el papel fundamental que tenemos a la hora de decidir en la cesión de aguas, siempre y cuando nos afecte a nuestro territorio", ha aseverado la portavoz, quien ha asegurado que el Gobierno debe velar por el cumplimiento de la ley y ha apuntado que decisiones como las tomada por la CHS no se ajustan a la normativa de aguas.

El Gobierno regional, que ya presentó anteriormente ante la Confederación un informe desfavorable para cada uno de los contratos de cesión de agua objeto de este recurso y que solicitó a la Confederación ser considerado como parte interesada en la tramitación de dichos contratos, rechaza "rotundamente" la negativa recibida de la CHS a su requerimiento.

Por ello, la Junta ha decidido recurrir ante los tribunales la decisión de la citada Confederación de no considerar al Gobierno de Castilla-La Mancha como parte legítima interesada en dichos procedimientos, ha añadido Rodríguez.

Este hecho, entre otras cosas, según el Gobierno, privaría a Castilla-La Mancha de la comunicación formal de las resoluciones que la Confederación adopte sobre dichos contratos, con lo que se dificulta al Gobierno regional la defensa legítima de los derechos de los castellano-manchegos sobre decisiones de agua que afectan al territorio de la comunidad.

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