La condena fue dictada sin necesidad de celebrar el juicio, dado que las partes personadas en la causa llegaron a un acuerdo previo del que resultó claramente beneficiada la acusada, Fernanda María D.B, puesto que los veinticuatro meses aceptados por ésta son notablemente inferiores a los cuatro años y cuatro meses de cárcel que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal y los siete años de prisión que reclamaba la acusación particular.
En su sentencia, ya firme, la Audiencia vallisoletana impuso a la procesada quince meses por un delito intentado de incendio (artículo 351 del Código Penal) y otros nueve meses por otro delito intentado de lesiones (artículo 148.1 del C.P), junto con la obligación de indemnizar a la víctima con 240 euros por las lesiones causadas y con otros 79,40 al Sacyl por los gastos derivados de su asistencia médica, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El acuerdo fue posible debido a que ambas acusaciones, la pública y la particular, que en un principio imputaban a la procesada un delito de homicidio en grado de tentativa, aceptaron eliminar del relato de los hechos aquella parte en la que atribuían a la mujer la pretensión de "acabar con la vida" de su casero, al tiempo que el acusador público, que entendía que "corrió peligro la vida" de bastantes personas que se encontraban el día de autos en el lugar de los hechos, modificó ese párrafo y añadió que lo que estuvo en juego fue su "integridad" física.
La anécdota la protagonizó la propia condenada, que inicialmente no tenía intención de acudir al juicio. Ante su incomparecencia inicial, los magistrados de la sala anunciaron a su abogado defensor el propósito de dictar contra ella orden de busca y captura e ingreso en prisión, ante lo cual Fernanda María D.B, advertida por su letrado vía telefónica, cambió de postura y se trasladó a Valladolid desde Palencia para, dos horas después de lo previsto, sentarse en el banquillo y cumplir con la Justicia.
Los hechos se produjeron sobre las 18.45 horas del día 18 de octubre de 2008, cuando la procesada, cuya familia había sido objeto de un proceso de desahucio de una vivienda que tenía alquilada a Antonio G.P. en el barrio de Belén, se dirigió a su casero en la calle Presentación, a la altura del número 21, 'armada' en una mano con una botella, con tres cuartos de la misma llena de gasolina, y en la otra con una caja de cerillas.
Así, y tras verter parte del combustible sobre la cara y resto del cuerpo de su casero, la acusada sacó una de las cerillas, si bien la rápida mediación de una tercera persona evitó males mayores.
Pese a ello, el lesionado, fruto de la gasolina que le alcanzó en los ojos, sufrió una leve epiteleopatía superficial corneal que precisó asistencia médica y de la que tardó en curar cinco días.
Este último, en declaraciones hoy a Europa Press tras el juicio,
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