Agudo vaticina que la denuncia ante el Tribunal de Cuentas "no va a ir a ningún lado"

Diego acusa al Gobierno de "arrancar" dinero a los cántabros y Agudo defiende que la alternativa a los impuestos es "la ley de la jungla"
Ángel Agudo San Emeterio
Ángel Agudo San Emeterio
EP
Ángel Agudo San Emeterio

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo, ha vaticinado este lunes que la denuncia ante el Tribunal de Cuentas sobre el uso de fondos públicos por parte del Ejecutivo regional "no va a ir a ningún lado".

Así se lo ha trasladado al presidente del PP, Ignacio Diego, quien ha aseverado en el Parlamento que esta investigación, por la que se citará a declarar a representantes de las empresas públicas, se debe al "abuso y despilfarro del dinero público". El líder 'popular ha situado en una denuncia de "ciudadanos" el origen de esta instrucción.

Diego ha citado afirmaciones de la instructora del Tribunal de Cuentas sobre esta causa en las que señala que "los hechos investigados podrían haber causado un perjuicio económico concreto o individualizado a los fondos públicos que hace necesaria esta investigación".

Pero el consejero de Economía le ha advertido de que va a salir "escaldado" y se va a "llevar un buen revolcón" si continúa refiriéndose a este asunto.

En primer lugar, Agudo ha precisado que la denuncia la ha planteado la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una entidad "alegal" que la presentó después de que el Gobierno le pusiera una multa de 800.000 euros por la celebración de una rifa "ilegal".

Y en cuanto al objeto de la denuncia, ha explicado que lo que el Tribunal de Cuentas "cuestiona" es que la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas dependa de la sociedad pública Sodercan, lo que provoca que el pago de los viajes de su directora, Inmaculada Valencia, así como del personal y becarios, corra a cargo de esta entidad de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico.

El consejero de Economía ha subrayado que esa decisión "la tomó el PP" cuando estaba al frente del Gobierno de Cantabria. "Yo estoy de acuerdo" con esa medida, ha apostillado Agudo, quien ha augurado que, en consecuencia, "no va a ir a ningún lado".

Las referencias a la instrucción del Tribunal de Cuentas surgieron en el curso de una interpelación en el que la oposición increpaba por los criterios del presidente del Gobierno "para subir los impuestos a los cántabros mientras oculta los gastos de las entidades públicas.

"otras historias"

Diego ha lamentado que Revilla no tuviera el "valor" de responder directamente a "preguntas serias y responsables" sobre cuestiones que "preocupan a los ciudadanos", en lugar de "otras historias que sólo le interesan a él.

En su intervención, el presidente del PP, Ignacio Diego ha incidido en que ante la crisis, los Gobiernos central y regional han optado por un "drástico aumento" de la deuda pública, un aumento "considerable" de los impuestos sobre las rentas medias y bajas, y una "drástica reducción" de las ayudas a familias y madres.

Diego ha reiterado las cifras de incremento de la deuda de la Administración y empresas públicas regionales, que han experimentado una "brutal multiplicación" —desde la época en que gobernaba el PP. Además, ha enumerado los distintos impuestos que han subido Ejecutivo central y autonómico, detallando las cantidades que se "arrancar" a los cántabros.

Esta última expresión ha hecho que Agudo aseverara a Diego que "el lenguaje le delata". Para el consejero de Economía, la "alternativa" a los impuestos es "la ley de la jungla" y "llevar a este país a una república bananera", a un "país sin Estado ni servicio público", marcado por el "desmantelamiento del Estado del Bienestar" en el que lo que se haría es "cargarse las clases medias" y políticas como las de innovación, la dependencia o la lucha contra el cambio climático.

"La responsabilidad nos sacará de la crisis; el tremendismo y la doble moral, no", le ha espetado Agudo a Diego ante sus críticas sobre las "equivocadas soluciones" de los Gobiernos de Revilla y Zapatero a la crisis económica, que "deberán pagar esta y la próxima generación de cántabros".

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