Los tres grupos de la Cámara autonómica constituyeron este lunes la ponencia en la que se perfilará la iniciativa legislativa, impulsada por el PPdeG, para legalizar los núcleos de población situados en la franja litoral y afectados por el deslinde de la Ley de Costas, con el objetivo de que estos espacios, en pie antes de 1988, sean considerados suelo urbano.

La ponencia estará formada por los diputados de los tres grupos que habitualmente se encargan de los temas de territorio y que ya conformaron el órgano parlamentario análogo en el caso de la última modificación de la Ley del Suelo. Se trata de Román Rodríguez (PPdeG), Mar Barcón (PSdeG) y Teresa Táboas (BNG).

En 2008, cuando gobernaba el bipartito, los tres grupos parlamentarios pactaron un resquicio legal para modificar la Ley del Suelo de 2002, en la que se limitaban las competencias exclusivas en materia de urbanismo y ordenación del territorio a la Xunta.

No obstante, en abril del pasado año, el Consejo de Ministros acordó interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Disposición Adicional Segunda de la ley de Vivienda, mediante la cual se pretendía blindar frente a los deslindes del Ministerio de Medio Ambiente a núcleos del litoral que se habían construido antes de 1988 en terrenos catalogados como suelo urbano.

En Galicia existen varios ayuntamientos que tienen núcleos de población total o parcialmente afectados por el deslinde marítimo-terrestre de Costas, como poblaciones en los municipios pontevedreses de Marín y A Illa de Arousa, o en el coruñés de Ribeira, además de enclaves en Moaña, Redondela, A Pobra do Caramiñal o Malpica.

Muchos de estos asentamientos fueron edificados con posterioridad a 1988, pero lo que buscaba la enmienda a la Ley de Vivienda pactada por los tres grupos políticos era intentar legalizar los preexistentes.

La disposición adicional de la Ley de Vivenda recurrida por el Gobierno central reivindica que en los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, el límite interior de su zona de servidumbre de protección "habrá de ajustarse a la realidad urbanística preexistente reconocida expresamente por la Administración urbanística autonómica".

Iniciativa ppdeG

Ahora, los populares gallegos promovieron una proposición de ley para su debate en el Congreso de los Diputados cuyo fin es modificar la ley vigente, con el objetivo de que los suelos de núcleo rural sean reconocidos como "figura urbanística" y que, por tanto, queden "excluidos" del dominio público y en ellos puedan realizarse las obras propias de suelo de núcleo rural definidas en la ley.

En cuanto a la posibilidad de la Administración del Estado de ejercer su facultad de recuperación posesoria, los afectados tendrían derecho a exigir que éste se haga cargo de "todas las cargas hipotecarias y financieras" existentes sobre los bienes si decidiesen ejercer el derecho de pasar a ser titulares del derecho de ocupación y aprovechamiento.

Por último, en el artículo cuatro de la ley se añadiría una nueva disposición transitoria que recoge que los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a su promulgación y que hubiesen surgido "al amparo de actos administrativos públicos con fechas anteriores" a la entrada en vigor de la norma, podrán ser excluidos del dominio público marítimo terrestre por decisión administrativa previo informe preceptivo del ayuntamiento y de la comunidad afectados, sin necesidad de recurrir al proceso de desafectación.

La iniciativa legislativa ha entrado a trámite en septiembre de este año con los votos de los populares y el apoyo crítico del BNG, pero con la postura en contra de los socialistas, que ven en ella —tal y como manifestaron entonces— un "intento de privatizar la costa" y de beneficiar "a alguien que no son los vecinos".

Críticas al psdeG

Así, tras la creación de la ponencia, el representante del PPdeG en la ponencia, Román Rodríguez, subrayó que la propuesta busca "adaptar la ley a la realidad geográfica" de Galicia y evitar los conflictos generados por la aplicación de la Ley de Costas. De este modo, critica la postura de los socialistas, a los que acusa de "no preocuparles" los gallegos afectados por esta normativa estatal y recuerda que el bipartito también lo intentó.

En este contexto, lamenta que los socialistas "busquen excusas de mal pagador" para oponerse a la proposición de ley, puesto que si consideran que está mal hecha "tienen una magnífica ocasión para corregirla en el Congreso". "Pueden plantear las enmiendas y correcciones que deseen", manifiesta Román Rodríguez.

Por otro lado, el portavoz de Ordenación do Territorio califica de "ambivalente y contradictoria" la postura del BNG, ya que en el inicio de la tramitación votó a favor y pocos días después "se desdijo".